Centenario de la entrevista de la última oportunidad entre los obispos Leopoldo Ruiz y Pascual Díaz y el presidente Calles (21 de agosto de 1926)

Lic. Helena Judith López Alcaraz, cronista honoraria adjunta de Sahuayo

Hoy se cumplen cien años de la llamada «entrevista de la última oportunidad», celebrada entre los prelados Leopoldo Ruiz y Flores y Pascual Díaz y Barreto, y el primer mandatario mexicano Plutarco Elías Calles. El encuentro tuvo lugar en el castillo de Chapultepec, casi tres semanas después de la publicación de la tristemente célebre Ley sobre delitos y faltas en materia de culto religioso y disciplina externa, la “Ley Calles”, en el Diario Oficial de la Federación.

Desde dos días antes, el 19 de agosto, Calles había enviado esta contestación a una carta enviada por el Comité Episcopal Mexicano el día 16:

Señores José Mora y del Río y Pascual Díaz. Presentes:

Me refiero a su oficio de fecha 16 del presente, por el que en uso del derecho de petición que establece el Artículo 8 constitucional, solicitan del ejecutivo de mi cargo que interponga su influencia “para que sean reformados de la manera más efectiva” los artículos constitucionales que consideran ustedes contrarios a sus intereses, así como las prescripciones penales con que se les ha sancionado, y que, “en tanto se logra esta reforma”, se suspenda la aplicación del decreto relativo a dichas sanciones penales y de los mismos artículos de la Constitución, de modo se cree “una situación de tolerancia” contraria a las leyes.

Como la facultad de iniciar leyes o decretos compete, como lo señala el Artículo 71 de la Constitución, al presidente de la República, a los diputados y senadores, al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados, han ejercitado ustedes correctamente su derecho de petición al dirigirse a uno de los capacitados para iniciar leyes; pero debo decirles, con toda sinceridad, que soy el menos adecuado para atender esa petición, y para iniciar las derogaciones y reformas constitucionales que se solicitan, porque los artículos de la Constitución que se impugnan se hallan en perfecto acuerdo con mi convicción filosófica y política, por lo que no puedo ser yo quien presente ni apoye ante el Congreso General una iniciativa semejante (INEHRM, 2026).

La puerta de la negociación ya estaba cerrada, pero los obispos Pascual y Leopoldo –los mismos que en su momento dialogaron con Emilio Portes Gil– insistieron en tocarla una última ocasión y decidieron tratar de hablar personalmente con Calles. Eran, como se dice coloquialmente, las últimas brazadas de ahogado. Con ellas, ambos eclesiásticos buscaban evitar a toda costa la guerra que se cernía sobre el país de forma irremisible. Eso no obstaculizó, empero, que exageraran su postura conciliadora. En palabras del mismo Jean Meyer, «fueron muy lejos: protestaron de su respeto y de su amor por el presidente. Exaltaron su “labor gran diosa digna de todo elogio”, lo felicitaron por su “ecuanimidad” y por su “firmeza”. Presentaron disculpas, pidieron perdón, aceptaron críticas hasta poco fundadas; llegaron a decir que “nuestro pueblo es ignorante” y sus sacerdotes también» (s. f., pp. 109-110).

Citamos, sólo como ejemplo, las palabras con las que Monseñor Leopoldo inició la entrevista:

“Mucho agradecemos a usted Sr. Presidente, que se haya dignado recibirnos; para nosotros esta entrevista tiene una gran trascendencia, porque esperamos de ella magníficos resultados; muchos deseos teníamos de hablar con toda liber tad con usted. […] Usted señor, hizo declaraciones magníficas a la prensa americana en que decía no saber por qué nosotros habíamos puesto el grito en el cielo —esta es la idea, de las palabras no respondo que sean iguales—, porque se obligaba al sacerdote a que se inscribiera cuando esto no obedecía sino a cuestiones de estadística. Ojalá que hubiéramos conocido esto antes pues en este caso ninguno de los obispos hubiéramos puesto resistencia” (pp. 111-112).

Incluso habiéndose conducido de esa manera, sin duda contradictoria con la posición categórica de la vehemente Carta Pastoral en la que decretaron la cesación del culto público y de cualquier acto litúrgico que requiriera la presencia de un presbítero, Calles no cejó. Con verdad, les dijo a ambos prelados: “Estamos perdiendo [el tiempo] inútilmente. Yo no me saldré del camino que ya está marcado por la ley” (p. 135).

En cierto momento de la entrevista, ostensiblemente airado, el presidente incluso acusó falsamente a los sacerdotes de Sahuayo de haber soliviantado a la gente y les imputó los acontecimientos del 4 de agosto de 1926, cuando la gente, enardecida, se enfrentó a la milicia federal para tratar de impedir que los templos fueran clausurados:

“Con respecto a la actitud del clero dentro del país, es bien sabido que ha estado incitando a la rebelión; entre ese clero están los sacerdotes de Saguayo, y con toda sinceridad les digo que si esos sacerdotes llegan a ser aprehendidos por las fuerzas federales serán fusilados porque son responsables de haber institado (sic) a la rebelión causando derramamiento de sangre. Ellos son los directamente culpables de los acontecimientos acaecidos en Saguayo, en que perdieron la vida varios hombres” (p. 113).

Desde aquel momento, cuando el movimiento cristero se hallaba aún en ciernes, el nombre de la actual Capital de la Ciénega, a la sazón Sahuayo de Díaz, ya resonaba con intensidad. Cabe decir que, al preguntar el Obispo de Zamora al párroco de Santiago Apóstol, D. Pascual Orozco, sobre los sucesos, éste dijo que los presbíteros locales no tomaron parte en la reyerta y que, por el contrario, uno de ellos había recibido una bala perdida en la pierna, hallándose fuera de su casa: el P. Ignacio Sánchez Sánchez (tío carnal de San José Sánchez del Río).

Las disposiciones apaciguadoras de Díaz y de Flores contrastaron sin cesar con el ánimo incisivo de Calles. A cada propuesta mansa e incluso condescendiente de los primeros, el general sonorense replicaba con acritud. Llegó el punto en el que Pascual Díaz, quizá viendo que los minutos corrían y no se obtenía nada fructífero, expresó:

“Ya le hemos manifestado con toda sinceridad que no es cuestión de amor propio; nosotros estamos dispuestos a sacrificarlo todo menos nuestros principios” (p. 136).

Y Calles impugnó que ellos no querían sacrificar los suyos, pero sí que el gobierno renunciara a los propios.

“No, señor” contestó el obispo de Tabasco, “no le decimos que sacrifique sus principios pero sí tratamos de encontrar una manera de que nosotros podamos cumplir esa ley sin faltar a nuestros principios y sin desdoro del Gobierno. Así es, pues, que suplicamos al señor Presidente de la manera más respetuosa que por el momento espere” (p. 136).

¿A qué, se preguntará el lector? El mismo Calles les lanzó la interrogante a los prelados. Y la respuesta fue: “a suspender los efectos de esa ley” (la Ley Calles).

El resultado, como ya se sabe, no fue positivo, sino todo lo contrario: el presidente, tan tajante como siempre, les dijo a los prelados que no tenía intención alguna de modificar las leyes y que sólo tenían dos alternativas: tratar de modificarlas o recurrir a la rebelión:

“Ya les he dicho ustedes no tienen más que dos caminos: sujetarse a la Ley, a la Ley, pero si ésta no está de acuerdo con sus principios, lanzarse entonces a la lucha armada y tratar de derrocar en esta forma al actual Gobierno, para establecer uno nuevo que dicte leyes que armonicen con la manera de pensar de ustedes; pero para este caso les repito que nosotros estamos suficientemente preparados para vencerlos” (pp. 136-137).

En efecto, y como se los dejó claro en diversos puntos de la conversación, el régimen callista mantendría las legislaciones vigentes en materia religiosa. Y la jerarquía eclesiástica, al menos en ese instante, tampoco transigiría: ni los cultos, suspendidos desde el domingo 1° de agosto a raíz de la Carta Pastoral Colectiva del 25 de julio, se reanudarían, y los sacerdotes tampoco se registrarían ante las autoridades para ejercer legalmente su ministerio.

La historia que siguió a aquel fracaso diplomático ya se conoce a estas alturas. Una vez agotados todos los recursos pacíficos y legales, los levantamientos espontáneos de pequeños grupos de católicos continuaron. Al mismo tiempo, los efectos del boicot económico impulsado por la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa (LNDLR), émulo del que ya se había llevado a cabo en Jalisco en 1918 bajo la guía y acicate de líderes católicos prominentes –entre ellos el hoy Beato Anacleto González Flores– se dejaban sentir con intensidad, aunque no la suficiente para doblegar al gobierno y orillarlo y a modificar los artículos antirreligiosos y anticlericales de la Carta Magna.

Eso sin contar que, desde hacía tres semanas, tras la suspensión del culto público a nivel nacional, ya se habían producido reyertas en diversos puntos del país, entre ellos la Capilla de Jesús y el Santuario de Guadalupe en Guadalajara, en Cocula (Jalisco) y en Sahuayo de Díaz, como ya se ha abordado en otras entradas.

No está de más afirmar que, una vez que la Cristiada estalló formalmente, y planteado el tema de la licitud moral de la resistencia cristera, las palabras del presidente en cuanto a los caminos a tomar ante la persecución y el conflicto fueron traídas de nuevo a colación. Si alterar los artículos constitucionales por la vía legal había fallado, con manifestaciones pacíficas y demás tácticas incluidas, y a la luz de los aciagos acontecimientos, los católicos mexicanos creyeron que el único sendero que quedaba fue, justamente, el señalado por el político de Guaymas.

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Bibliografía:

INEHRM (2026). Diario de la historia. 19-agosto-1926. Respuesta del presidente Calles a los obispos. https://www.facebook.com/inehrm.fanpage/posts/diariodelahistoria19-agosto-1926respuesta-del-presidente-calles-a-los-obispos-el/1518636150293423/

Meyer, J. (s. f.). La entrevista de la última oportunidad. Relaciones. El Colegio de Michoacán.