El asalto a Jocotepec, Jalisco.

Mtro. Manuel Flores Jiménez *Cronista de Jocotepec.

Corría el año de 1878, entre los vaivenes políticos como consecuencia de la guerra de Reforma en el país, Porfirio Díaz había hecho ya su pronunciamiento en contra del gobierno juarista, continuando las discrepancias en torno a la lucha por el poder.

En gran parte del territorio nacional prevalecía un ambiente de inseguridad donde los grupos de las gavillas sembraban el temor en los habitantes de todas las regiones, principalmente en los ataques que hacían a las haciendas y a las poblaciones, para saquear con violencia lo que encontraban a su paso.

Algunos de estos grupos de gavilleros provenían de jornaleros que mantenían cierta relación de amistad o parentesco y, que al calor de la efervescencia política de aquellos años, se mezclaron entre sí para delinquir al margen de la poco asertiva aplicación de la justicia que no era tan efectiva. De los míseros salarios que recibían por el pago de un jornal, vieron la facilidad de cambiarse a un bando que se enriquecía con mayor facilidad en las actividades propias de ese oficio.

Dentro del contexto municipal, el Lic. Trinidad Henríquez, Juez 3º. de lo Criminal, suscribió en el acta correspondiente, los hechos acontecidos la noche del 9 de noviembre de 1878, donde la localidad de Jocotepec, Jalisco, sufrió un gran robo, ascendiendo a 37 personas que fueron privadas de algunos de sus bienes. El mencionado juez registró los nombres y las cantidades de las que fueron afectados.

Carmen Rivera y compañía: 500; José B. Balcázar: 1000; Juan Félix y compañía: 967; Jesús Rivera y compañía: 400; Filomeno Chavoya y hermano: 980; Doña Guadalupe Blais: 200; José María Ybarra y Gómez: 300; Luis Loza: 179; José María Palos: 400; Jesús Acosta y compañía: 200; Feliciano Cuéllar: 109; José González: 180; Marcelino García: 90.90; Mariano Patiño: 40; Macario García: 200; Pedro Sánchez: 24; Eufemio Loza: 12.29; Rafael Cuevas: 87; Ignacio Cuevas y Acosta: 280; Pedro González: 1000; Antonio Veitia: 161; Martín Chacón: 9; Nepomuceno Chacón: 19; Agapito Ybarra: 199; Sebastián Ibarra 96; Trinidad Zárate: 100; *Sr. Cura Vicente López de Nava: 14; Jesús Huerta: 36; Jesús Villa: 30; *Pbro. Petronilo Chacón: 900; Doña Estéfana García: 90.29; Francisco G. Gutiérrez: 30; Guadalupe Aceves: 92.29; Pilar Ortega: 6.90; Jesús Flores: 12; Cipriano Rodríguez: 8; Manuel Castillo: 9.

El total de dinero confiscado por los malhechores fue 7,619.79.

Las declaraciones de algunos testigos como José María Palos, decían que el 9 de noviembre fue asaltado y robado el pueblo de Jocotepec; que reconocía algunas prendas rescatadas como propiedad de las señoras García: “dos tapalos de gros, uno plumbago y otro solferino y negro”, confiscados a Saturnino Castillo y Francisco Mesa. Una bola de gamuza amarilla dentro de un baúl (se dice que éste era de José Rivera) y unas botas.

Por su parte, el testigo José Jesús Espinoza, afirmó que el citado Eduardo Ayala, dijo públicamente que le dieran un apoyo económico, que de todos modos vendrían a robar a los más ricos. Que esa noche del asalto andaba revuelto entre los ladrones y les decía que fusilaran a Sánchez.

Por su parte, Eduardo Ayala, avecindado en la hacienda de Potrerillos, señaló que hace tres semanas estuvo en Jocotepec, y fue con el fin de sacar una camisa que tenía empeñada. Que estando en ese pueblo llegaron los ladrones entre ocho y nueve de la noche, en ese momento estaba en la tienda de Jesús Acosta, y otra persona lo vio también. Que “luego se echaron sobre la tienda y al exponerse lo golpearon, le quitaron sus calzones, su frasada y su camisa; que luego que pasó el robo se fue a dormir encuerado como estaba a la casa de Atanasio Chacón. Desde muy temprano se salió y se vino para la hacienda de Potrerillos, y que no conoce a José Sánchez ni tampoco conoció a ninguno de los ladrones”.

En otra declaración el presidente del ayuntamiento de Chapala, dijo que fueron apresados Máximo Castañón por Antonio Veitia en la hacienda de Zapotitán, y Ángel Calderón por Jesús Cuevas y Berrueco, quien le recogió un pantalón, unas pantaloneras, unas bolas de hule y un tranchete. Que tales prendas fueron reconocidas por don José Baltasar y don Feliciano Cuéllar, y eran de las robadas esa noche en el asalto.

Máximo Castañón, afirmó que era viudo de 35 años de edad, jornalero y vecino de Tlajomulco, que nunca había estado preso y que vino a este pueblo a ayudarle a su cuñado Jesús Huerta a recoger sus mazorcas.

Ángel Calderón, vecino de Tonalá, alfarero de 34 años, dijo que nunca había estado preso “y yo soy hombre de bien”; que vino el domingo a vender loza blanca, llegando el sábado como a las seis de la tarde. Entonces lo apresaron cuando traía unas prendas recogidas en la casa de don Marcelino Penando, que eran de él; que la esposa dijo que la había robado. Que para escaparse y no lo mataran se subió a un zalate y se bajó cuando llegó el auxilio para ver si no se habían robado su burro aparejado.

El testigo Feliciano Cuéllar, dijo que radicaba en Jocotepec, de 48 años de edad, casado y comerciante. Al preguntarle sobre qué hacía Ángel Calderón al apresarlo, respondió que lo vio en la plaza “pepenando cosas que largaron los bandidos”. Que eran unas prendas que tenía tapadas con unos manojos de hoja en el zaguán de la casa de don Marcelino García; que lo detuvieron a él, a Pedro García y a Jesús Cuevas y León. Que estaba “pepenando” las prendas en la plaza, frente a la tienda de su propiedad, siendo dos pares de pantalones y unas bolas de hilo que llevaba en la pechera.

Jesús Cuevas y Berrueco, comerciante y viudo de 27 años de edad, dijo que radicaba en Jocotepec. Que andaba ayudando a apagar un incendio la noche del asalto; que oyó un ruido de voces como pleito, corrió y a media plaza estaban don Feliciano Cuéllar, don Jesús de León y don Pedro García que forcejeaban con un hombre. Le dijeron éstos que ese hombre (Ángel Calderón) era uno de los ladrones, que consiguió un lazo y lo amarró poniendo a alguien que lo cuidara; que al registrarlo le encontró un envoltorio con bolas de hilo y un tranchete que traía en la pechera.

Los testimonios de los testigos muestran los nombres de vecinos de otra época y otros rasgos que por su peculiaridad llaman la atención. Ni el mismo párroco Vicente López de Nava y el sacerdote Petronilo Chacón se les escaparon a los gavilleros. A este último lo persiguieron mucho tiempo y estuvo a punto de morir en manos de estos grupos que se disfrazaban de “liberales”, cuando en realidad eran señalados como delincuentes.

No fue así con el sacerdote Bernardo Pérez, quien en otra ocasión fue fusilado a un lado de la puerta mayor, junto con el jefe de armas de la población, don Antonio Cruz Aedo, a quien lo colgaron de la puerta mayor del mismo templo. Los restos del cura López de Nava y del Padre Chacón fueron sepultados en el presbiterio de la capilla del Señor del Huaje, los dos murieron el mismo año.

En el libro titulado “El retrato de Jalisco”, de Carlos Navarro (octubre 2003, Prometeo Editores, Guadalajara, México), se registra un exvoto de agradecimiento de Diego Hernández, fechado en 1862, colección del mencionado autor, y que fue elaborado por el pintor José María Mares, cuya leyenda escrita (se corrige la ortografía para su mejor comprensión) es como sigue.

“En el año de 1862, el día 1º. de noviembre en la noche del mismo día me asaltaron en mi casa Antonio Aedo y otros cinco de su fuerza, y el mismo Aedo me sacó para fusilarme, y forcejeando para que me hincara, aclamé a la Purísima que me diera esfuerzo para suplicarles no me fusilaran, lo que conseguí por la intercesión de tan Divina Señora, y para que conste pongo este mi retablo: Diego Velázquez”.

Y continúa señalando Carlos Navarro que “En los Anales del P. Rivera nos enteramos que el diez de marzo de 1863, el jefe reaccionario Antonio Aedo (no confundir con el culto y arrojado Miguel Cruz Aedo) cae preso de Antonio Rojas en Jocotepec, Jalisco, junto con otras 32 personas, entre ellas el cura Bernabé Pérez, siendo fusilados ese día”.

Aproximadamente trece años después del hecho anterior (1866) es cuando llegó a Jocotepec como vicario el presbítero Miguel M. Arana. En las cajas de la parroquia de Jocotepec, del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, localicé una serie de datos que hablan sobre este acontecimiento descrito con anterioridad en el libro mencionado.

Están consignados en mi libro “Crónicas de San Francisco Xocotepec”, y los transcribo textualmente de la página 165: “Tres años anteriores a la llegada del Sr. Arana, para ser exactos, el diez de marzo de 1863, un grupo de radicales entraron a Jocotepec y fusilaron al Pbro. Bernardo Pérez (no Bernabé), quien tenía una edad de cincuenta años. Este hecho ocurrió “… en el cementerio a un lado de la puerta de la iglesia”; asimismo colgaron al Jefe de Armas Don Antonio Cruz Aedo, de la puerta mayor a la entrada del templo. El Padre Chacón fue sacado golpes de su casa con el intento de fusilarlo, pero al llevarlo al sitio del cementerio pudo escapar de sus verdugos con la ayuda de algunos conocidos.

Este hecho conmocionó a la población por el aprecio que se le tenía al Padre Bernardo Pérez, y ocurrió entre las tres y cuarto de la madrugada cuando la población fue asaltada por el famoso salteador y bandido Antonio Rojas y por Hermenegildo Gómez, los cuales fueron los causantes de muchos atropellos en toda la región. Por más de cuatro horas estuvieron combatiendo las fuerzas opositoras de Rojas contra las del jefe de Armas, Aedo, donde (perdió) la vida el anterior (…) y 32 personas entre soldados y oficiales y tomándose 50 prisioneros, armas y equipo de guerra”. Estos últimos tres o cuatro renglones se registran en el libro “México través de los siglos”. Ensayo histórico, p.134.

El prelado cotijense que aprobó la lucha cristera desde las puertas de Roma (IV)

La historia de Monseñor José María González y Valencia. Cuarta y última parte

Lic. Helena Judith López Alcaraz

Detalle de un retrato de Monseñor José María González y Valencia, Obispo de Durango. Editado y coloreado por la autora. Original en blanco y negro: INAH.

En la anterior entrada, la penúltima de esta serie, abordamos la intervención del egregio Obispo de Durango en el intervalo comprendido entre finales de 1924, cuando le fue conferido tal cargo, a febrero de 1927, cuando publicó su Carta Pastoral en la que, abiertamente, aprobó el movimiento cristero y reconoció su licitud moral. En el presente texto, desenlace de la biografía de nuestro eclesiástico michoacano, hablaremos de su enérgica oposición a la realización de los mal llamados “arreglos” de 1929, que causaron el fin de la Cristiada; de cómo, a raíz de aquéllos, tuvo que permanecer desterrado; de algunos aspectos de su vida al retornar del exilio y, por último, sobre su fallecimiento.

El 7 de octubre de 1927, como contestación a las quejas recibidas de sus diocesanos y de los jefes de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa respecto a los rumores, nada infundados, sobre unos posibles acuerdos “no fundados en una efectiva derogación de las leyes” (1967, p. 79, citado por Barquín y Ruiz) entre miembros del Episcopado mexicano –veremos en seguida sus nombres– y el gobierno de Plutarco Elías Calles, el combativo prelado de Cotija escribió su Segunda Carta Pastoral, en la que expresaba, de modo tajante:

“¡No, y mil veces no! Nuestra fe de católicos, nuestro deber de Prelados, nuestra dignidad, el respeto que debemos a las víctimas, el puesto que hemos conquistado ante el mundo, y finalmente la conciencia que tenemos de nuestra fuerza moral y espiritual, que centuplica nuestra misma fuerza física, todo nos hace repetir día a día, momento por momento, las palabras de la Carta Pastoral Colectiva: trabajaremos porque ese decreto y los artículos antirreligiosos de la Constitución sean reformados, y no cejaremos hasta verlo conseguido” (1967, p. 80).

Las negritas son nuestras.

Para Monseñor González, ni la Iglesia ni los fieles debían claudicar en la lucha, y mucho menos pactar con el régimen. Para él, lo mismo que para incontables católicos, y por supuesto para los cristeros, la opción de una componenda era impensable y equivalía no sólo a renunciar a los principios que tanto habían intentado defender, sino a una derrota categórica en todos los sentidos, inclusive el moral y el psicológico. ¿De qué serviría tanto sacrificio y derramamiento de sangre si, al acabar con la resistencia, el gobierno –que militar, legal y políticamente llevaba las de ganar– obtenía lo que quería?

Catedral de Durango, sede de la Diócesis regenteada por Monseñor José María González y Valencia. Fotografía del INAH, mejorada por la autora.

Recordando lo que el Episcopado había suscrito en la Carta Pastoral Colectiva del 25 de julio de 1926, Monseñor José María dijo:

“Contando con el favor de Dios y con vuestra ayuda, trabajaremos para que ese decreto [la Ley Calles] y los artículos antirreligiosos de la Constitución sean reformados y no cejaremos hasta verlo conseguido. ¿Y creéis que íbamos a olvidar esas palabras y a tener hoy por aceptable lo que ayer tuvimos por indigno?” (1967, p. 79).

Referíase, claro, a las leyes inicuas, las cuales, en caso de llegar a un “acuerdo” con el régimen, no serían alteradas ni un ápice, y mucho menos anuladas.

Dos de sus compañeros en el Episcopado, no obstante, no compartían aquella idea ni por asomo. En efecto: se trataba de los dos prelados mencionados al principio de esta serie, los obispos Pascual Díaz y Barreto y Leopoldo Ruiz y Flores. Pero Monseñor González y Valencia no cejó en su posición. Resulta oportuno decir que su actuación no se limitó a la prensa y a los meros vocablos, sino que participó en numerosos eventos de solidaridad al pueblo católico perseguido, en las que aprovechaba para impulsar y fomentar apoyos, sobre todo materiales, para la Liga, cuya participación en la Cristiada fue fundamental en el ámbito bélico. Asimismo, exiliado como estaba en Europa, sin poder pisar su patria, impartió incontables conferencias al respecto durante los tres meses que pasó en Alemania. Así lo refirieron diversos números del diario vaticano L’Osservatore Romano.

Sin embargo, pese a la oposición de incontables católicos y de los tres obispos que estaban a favor de la resistencia armada por parte de aquéllos, las “negociaciones” entre el gobierno del presidente interino Emilio Portes Gil –sucesor de Álvaro Obregón luego de su asesinato en julio de 1928– y los dos eclesiásticos prosiguieron. A los cristeros no se les tomó en cuenta en ningún momento.

El 2 de junio de 1929, el general Enrique Gorostieta Velarde, jefe supremo de los cristeros, fue asesinado en las cercanías de Atotonilco el Alto, Jalisco. El militar neolonés se había opuesto terminantemente a la idea de un pacto pero, como al resto de sus hombres, fue ignorado. Entre tanto, Pascual Díaz y Leopoldo Ruiz continuaron parlamentando.

Los obispos Leopoldo Ruiz y Pascual Díaz, que concretaron el armisticio que puso final a la Guerra Cristera. Imagen editada y mejorada por la autora.

Por fin, el 21 de junio del mismo año, se efectuaron los “arreglos”. Los templos volverían a abrirse y podría haber Sacramentos en ellos otra vez. Los artículos antirreligiosos y anticlericales de la Constitución permanecerían como siempre. Y los cristeros tendrían que entregar las armas y aceptar el supuesto “licenciamiento”, aun a sabiendas de que el gobierno no respetaría sus vidas… como en efecto aconteció. Fue el modus moriendi para una muy significativa porción de los ex combatientes.

Otra de las condiciones para los “arreglos”, que Díaz y Ruiz acabaron por aceptar, fue que tres prelados se quedaran fuera del país por tiempo indefinido. Los nombres no sorprendieron a nadie: José Manríquez y Zárate, Francisco Orozco y Jiménez –V Arzobispo de Guadalajara, perseguido por el régimen desde hacía más de diez años, y que había atendido a sus fieles a salto de mata– y José María González Valencia. Al hallarse ya en el destierro, tanto el primero como el tercero no pudieron retornar a su patria. El segundo sí tuvo que irse.

Monseñor Francisco Orozco y Jiménez (1864-1936), oriundo de Zamora, Michoacán. Su destierro, como el de José María González y Valencia, fue una de las condiciones de la componenda de 1929. Fotografía mejorada por la autora.

Monseñor González y Valencia volvió a México un tiempo después, aunque no nos fue factible hallar la fecha exacta. Con todo, sí se sabe que estuvo presente en un banquete ofrecido a los prelados mexicanos al finalizar la Misa pontifical con que se celebró el Cuarto Centenario de las Apariciones de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, el 12 de diciembre de 1931. Cuando llegó su turno al mitrado de Durango para hacer su brindis, pidió oraciones para su compañero y amigo Manríquez y Zárate, cuya expatriación se prolongaría hasta 1944. El 24 de octubre de 1932, le dirigió incluso una carta abierta, en la que le decía:

Monseñor José de Jesús Manríquez y Zárate, amigo de José María González y Valencia, quien, como éste, tuvo que permanecer exiliado a raíz de los “arreglos”.  Fotografía mejorada por la autora.

“¿Qué será de nosotros? ¿Cuál será nuestro porvenir? ¿Veremos el triunfo de la Iglesia, por la que tanto hemos luchado, o bajaremos al sepulcro, sólo con la esperanza de mejores días? Nada de esto sabemos, ni aun podemos siquiera adivinarlo. Una sola cosa debemos tener por cierta, y es que, si somos fieles a nuestra vocación y proseguimos laborando intrépidamente por la fe, no sólo consumaremos felizmente nuestra carrera mortal, sino que aceleraremos para nuestra Patria el día venturoso de la verdadera Libertad” (1967, pp. 96-97).

Después de que estalló la Guerra Civil española en julio de 1936, Monseñor González Valencia fue el primero que externó pública y abiertamente su adhesión al Alzamiento Nacional capitaneado por el general Francisco Franco Bahamonde en contra de la II República, jacobina y masónica. En su Pastoral del Arzobispo de Durango (México) acerca de los actuales acontecimientos de España, fechada el 8 de septiembre del mismo año, el prelado abordó tanto el enfrentamiento en sí como las tentativas de descatolizar la nación hispana a través del comunismo ateo y del marxismo y la matanza de todos aquellos que no aceptaran ambas ideologías.

Interior de una de tantas iglesias quemadas y profanadas en España durante la crudelísima persecución religiosa que alcanzó su clímax en la Guerra Civil española.

He aquí un breve extracto de las palabras de Monseñor:

“En Nuestro propio nombre y en el de Nuestros sacerdotes y fieles, queremos también manifestar nuestro afecto fraternal, honda simpatía, interés vivísimo y cordial a los Obispos españoles, Nuestros muy amados Hermanos, a sus sacerdotes y a sus fieles que están padeciendo tan crueles penas. Hoy más que nunca, en esta hora del martirio, Nos sentimos vinculados con ellos” (1967, p. 104).

A nuestro biografiado se unieron, más tarde, novecientos prelados de diversas latitudes, al reparar en el horroroso cariz anticatólico que tomó la revolución por parte de los republicanos y comunistas y a la tremebunda persecución religiosa, peor aún que la de México, desatada durante aquel trienio sangriento a lo largo y ancho de la Madre Patria.

El 28 de octubre de 1957, junto con su amigo José de Jesús Manríquez, Monseñor José María González celebró sus bodas de oro como presbítero. Le faltaba poco más de un año para partir a la Eternidad.

Aunque es un dato muy poco conocido, Monseñor José María González Valencia entregó su alma al Señor en la actual Capital de la Ciénega de Chapala, la ciudad de Sahuayo, Michoacán –cercana a su natal Cotija–, que aún llevaba el apellido del general y presidente Porfirio Díaz. Era el 27 de enero de 1959. Tenía setenta y cuatro años y cuatro meses de edad.

Plaza principal de Sahuayo, con el templo parroquial de Santo Santiago Apóstol y el Portal Patria. Esta urbe fue la que vio partir de ese mundo a Monseñor González y Valencia. Imagen de México en Fotos.

Cotija y Durango lo lloraron amargamente, por igual, pero también Zamora lamentó su muerte. Además de haber estudiado allí, dado clases y dirigido espiritualmente a los seminaristas, era un hombre muy querido por la gente. Cuantos lo conocieron y trataron lo estimaron enormemente por su carácter espontáneo y jovial, que sabía conjuntar la sencillez y naturalidad con la energía y la eficacia en el actuar, cualidades de las que dio pruebas mientras duró su carrera terrenal.

Un colegio en Victoria de Durango lleva su nombre.

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Bibliografía:

Barquín y Ruiz, A. (1967). José María González Valencia, Arzobispo de Durango. México: Jus.

Meyer, J. (1977). La Cristiada. Tomo I: La guerra de los cristeros. México: Siglo XXI Editores.

El prelado cotijense que aprobó la lucha cristera desde las puertas de Roma (III)

La historia de Monseñor José María González y Valencia. Tercera parte

Lic. Helena Judith López Alcaraz

Detalle de un retrato de Monseñor González y Valencia, coloreado y mejorado por la autora.

En 1925, en vista del agravamiento de la persecución religiosa bajo el flamante gobierno del sonorense Plutarco Elías Calles, el nuevo Obispo de Durango fue designado por sus compañeros del Episcopado para ir a la Ciudad de las Siete Colinas con el cometido de poner al tanto al Papa Pío XI sobre la precaria situación para los fieles y los sacerdotes y, en general, para el clero católico mexicano. Sería el acompañante de otro eclesiástico de su rango, Monseñor Miguel María de la Mora y de la Mora, a la sazón cabeza de la Diócesis potosina.

La otra misión sería pedirle instrucciones al Pontífice acerca de la defensa de las libertades que se le conculcaban a la Iglesia. El viaje fue realizado, y los lineamientos papales solicitados fueron plasmados en la carta apostólica Paterna sane sollicitudo, fechada el 2 de febrero de 1926, en la que Pío XI mandaba resistir a la persecución de forma pasiva pero firme, manteniéndose al margen de cualquier partido político. La misiva tenía por subtítulo “DE INIQUA CONDICIONE ECCLESIAE IN MEXICO ATQUE DE NORMIS AD CATHOLICAM ACTIONEM IBIDEM PROMOVENDAM”, que traducido del latín al español dice: “Sobre la inicua condición de la Iglesia en México y también sobre las normas respecto a la Acción Católica que, al mismo tiempo, habrán de promoverse”.

Su Santidad Pío XI, Pontífice de 1922 a 1939, autor de la carta apostólica Paterna sane sollicitudo.

A su regreso de Roma, a sabiendas de que la situación empeoraría –los hechos de los primeros meses de 1926 lo ratificaron de forma fehaciente y categórica–, nuestro biografiado reunió a una comisión de teólogos para deliberar sobre cuáles serían las medidas a seguir en caso de que se hiciera efectivo el artículo 130 de la Carta Magna, en el cual –entre muchas cuestiones– se exigía que los presbíteros debían registrarse en un registro municipal o estatal para que se les diera autorización de ejercer su ministerio. El estudio de los teólogos arrojó una negativa ante tal sujeción. Sin tardanza, Monseñor González y Valencia mandó imprimir y distribuir una circular con aquellas pautas entre los sacerdotes de su jurisdicción. Días después, José Amador Velasco y Peña, el prelado de Colima, siguió sus pasos.

El 10 de marzo de 1926, a raíz de haber condenado la persecución en su Sexta Carta Pastoral, Monseñor José de Jesús Manríquez y Zárate, primer Obispo de Huejutla –y ordenado sacerdote junto con Monseñor José María aquel lejano 28 de octubre de 1907–, fue apresado. Su compañero de Cotija no tardó en escribirle una carta abierta en la que externó su adhesión y su apoyo, y que fue publicada en diversos periódicos católicos.

Detalle de un retrato de Monseñor José de Jesús Manríquez y Zárate, amigo y compañero de ordenación de José María González y Valencia, apresado en 1926 por el gobierno de Plutarco Elías Calles. Él fue otro, junto con nuestro biografiado, de los exiguos prelados que aprobaron el movimiento cristero.

Una vez suspendidos los cultos en todo México, Monseñor González y Valencia partió hacia Roma nuevamente. Pero antes de irse, el 17 de septiembre de 1926, redactó una Instrucción Pastoral fechada en la cual encomió la cooperación que las asociaciones católicas habían prestado a la labor de resistencia, cada vez más enérgica, de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, fundada en la capital del país en marzo de 1925.

La coyuntura posterior al 1 de agosto de 1926, primer día sin Sacramentos en los templos, empeoró con velocidad alarmante. Los recursos pacíficos y legales se agotaron de modo inexorable. Comenzaron a caer las primeras víctimas católicas. Dos eclesiásticos, ambos Obispos, intentaron parlamentar con Calles, y éste lanzó un ultimátum a los católicos: las Cámaras o las armas. El memorial firmado por más de dos millones de creyentes y enviado a las primeras fue tirado a la basura. Los ánimos se exacerbaron sin remedio y, como cabía esperar, cada vez más personas empezaron a pensar en la segunda opción, la que quedaba, dada por el mandatario: la resistencia armada, que pasaría a la Historia con el nombre de Cristiada o Guerra Cristera, este último adjetivo creado por el mismo gobierno, que hizo mofa del grito de los defensores: “¡Viva Cristo Rey!”

A pesar de que estaban de acuerdo con que había que defender la fe y no permitir que ésta se perdiera en México, la postura de los integrantes del Episcopado mexicano sobre el movimiento armado no fue, ni remotamente, unánime. Lo que menos hubo entre ellos fue consenso. Por el contrario, sin demora, la división campeó.

Jean Meyer lo sintetiza de esta forma:

“[…] la mayoría de los prelados, indecisa, dejó en toda libertad a los fieles de defender sus derechos, como mejor les pareciera, una decena les negó el derecho de levantarse, y tres los alentaron a tomar las armas” (1977, p. 19).

Uno de ellos, como veremos, fue nuestro biografiado. Los otros dos fueron Manríquez y Zárate, a quien ya mencionamos, y Leopoldo Lara y Torres, Obispo de Tacámbaro. Hasta finales de 1926, reacios a la idea de una resistencia armada, los tres obispos habían prohibido a sus fieles que recurrieran a dicho recurso. Sin embargo, la gravedad creciente de los sucesos y de la persecución, que no tardó en suscitar mártires a lo ancho y largo del territorio nacional, los condujo a modificar su perspectiva.

En el caso de Monseñor José María, el 11 de febrero de 1927, su postura vino con la emisión de su Primera Carta Pastoral, dada en la Puerta Flaminia, afuera de Roma, en la que dirigió estas palabras a los fieles de su Diócesis:

“Séanos ahora lícito romper el silencio sobre un asunto del cual nos sentimos obligados a hablar. Ya que en nuestra arquidiócesis muchos católicos han apelado al recurso de las armas […] creemos de nuestro deber pastoral afrontar de lleno la cuestión y, asumiendo con plena consciencia la responsabilidad ante Dios y ante la historia, les dedicamos estas palabras: Nos nunca provocamos este movimiento armado. Pero una vez que, agotados todos los medios pacíficos, ese movimiento existe, a nuestros hijos católicos que anden levantados en armas por la defensa de sus derechos sociales y religiosos, después de haberlo pensado largamente ante Dios y de haber consultado a los teólogos más sabios de la ciudad de Roma, debemos decirles: Estad tranquilos en vuestras conciencias y recibid nuestras bendiciones” (citado en Barquín y Ruiz, 1967, pp. 43-44).

Tales enunciados estaban en consonancia con los juicios que, a título personal pero no por ello menos fundamentados, habían efectuado algunos teólogos y moralistas de universidades en Roma, entre ellos los sacerdotes Mariano Cuevas, S. J., y Arthur Vermeersch, de la Gregoriana, célebre por sus dictámenes.

Instantánea de la Puerta Flaminia, desde donde Monseñor González y Valencia emitió la Carta Pastoral en la que declaró la licitud moral de la resistencia armada de los católicos mexicanos. Fotografía: Animuspedia.

El licenciado Anacleto González Flores, paladín católico por excelencia en Jalisco que durante mucho tiempo se resistió a la idea de una defensa armada, no sólo por considerarla infructífera y contraria a sus ideales pacíficos sino por serias dudas morales, tuvo conocimiento de la Carta Pastoral de Monseñor González y Valencia poco antes de morir.

Retrato de Anacleto González Flores, hoy beatificado, que poco antes de su martirio supo de la Carta Pastoral de Monseñor González y Valencia en la que éste aprobaba la resistencia cristera.

En su última noche, del 31 de marzo al 1° de abril de 1927, Anacleto se confesó con un sacerdote anónimo y, luego de recibir la absolución sacramental, estuvo comentando con él el contenido de la Carta Pastoral del esforzado Obispo de Durango, el único que hasta ese momento había hablado favorablemente sobre la lucha cristera de manera abierta y pública.

“Esto es lo que nos faltaba” le dijo al presbítero, aludiendo al documento. “Ahora sí podemos estar tranquilos”.

Y no sólo lo anterior: el verbo del prelado de Cotija encendió el suyo y lo movió a escribir sus últimas palabras para Gladium, el periódico que él editaba:

“Bendición para los valientes, que defienden con las armas en la mano la Iglesia de Dios. Maldición para los que ríen, gozan, se divierten siendo católicos en medio del dolor sin medida, de su Madre […] La sangre de nuestros mártires está pesando inmensamente en la balanza de Dios y de los hombres.

El espectáculo que ofrecen los defensores de la Iglesia es sencillamente sublime. El Cielo los bendice, el mundo los admira, el infierno los ve lleno de rabia y asombro, los verdugos tiemblan. Solamente los cobardes no hacen nada […]” (citado en López Alcaraz, 2023, p. 134).

Y concluía:

“Hoy debemos darle a Dios fuerte testimonio de que de veras somos católicos. Mañana será tarde […] Todavía es tiempo de que todos los católicos cumplan su deber… los cobardes que se despojen de su miedo y todos que se pongan en pie, porque estamos frente al enemigo y debemos cooperar con todas nuestras fuerzas a alcanzar la victoria de Dios y de su Iglesia” (pp. 134-135).

Unas horas más tarde, al filo de las tres de la tarde del 1° de abril, el abogado oriundo de Tepatitlán, hoy beatificado, caía bajo las balas del régimen callista, por odio a la fe, luego de numerosas y atroces torturas, en el patio del Cuartel Colorado en Guadalajara.

Al mismo tiempo, Monseñor José María proseguía su labor de apoyo moral a la Cristiada desde tierras europeas.

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Bibliografía:

Barquín y Ruiz, A. (1967). José María González Valencia, Arzobispo de Durango. México: Jus.

López Alcaraz, H. J. (2023). El Plebiscito de los Mártires: Drama biográfico sobre el Beato Anacleto González Flores. Guadalajara: Edición independiente.

Meyer, J (1977). La Cristiada. Tomo I: La guerra de los cristeros. México: Siglo XXI Editores.

Pío XI (2 de febrero de 1926). PIUS PP. XI. LITTERAE APOSTOLICAE. PATERNA SANE SOLLICITUDO*. Vatican.va.https://www.vatican.va/content/pius-xi/la/apost_letters/documents/hf_p-xi_apl_19260202_paterna-sane-sollicitudo.html

«Ley Calles» y suspensión de cultos en toda la República: Carta Pastoral Colectiva de 1926

Lic. Helena Judith López Alcaraz

En una fecha como esta, pero de 1926, hace 98 años, fue suscrita y publicada la Carta Pastoral Colectiva de los obispos mexicanos anunciando la suspensión de cultos a lo ancho y largo de México, a partir del 1 de agosto de aquel año, y hasta nueva orden. En dicha fecha entrarían en vigor las atroces reformas en materia religiosa hechas al Código Penal, la famosa “Ley Calles”, que el presidente Plutarco Elías Calles había propuesto a las Cámaras. Los eclesiásticos estaban convencidos de que era la única forma que les quedaba para protestar por las legislaciones persecutorias, en particular esta última, que era el culmen de todas las anteriores.

Grupo de prelados mexicanos, entre ellos don José Mora y del Río, oriundo de Pajacuarán, Michoacán, y don Francisco Orozco y Jiménez, nacido en Zamora, en la misma entidad. Montaje tomado de la página de Facebook Testimonium Martyrum –expresión latina para «Testimonio de los Mártires»–.

La Carta, “dada en la Fiesta del Apóstol Santiago, a veinticinco de julio de mil novecientos veintiséis”, fue firmada por un total de treinta y ocho prelados: además de los pertenecientes a las diversas Diócesis y Arquidiócesis, la suscribieron los obispos Titulares de Derbe, Anemurio, Dahora y Ciña de Galicia.

Compartimos con ustedes tres párrafos de aquel documento:

«[…] la Ley del Ejecutivo Federal promulgada el 2 de julio del presente año, de tal modo vulnera los derechos divinos de la Iglesia, encomendados a nuestra custodia; es tan contraria al derecho natural, que no sólo asienta como base primordial de la civilización la libertad religiosa, sino que positivamente prescribe la obligación individual y social de dar culto a Dios; es tan opuesta según la opinión de eminentes jurisconsultos católicos y no católicos, al derecho constitucional mexicano, que ante semejante violación de valores morales tan sagrados, no cabe ya de nuestra parte condescendencia ninguna. Sería para nosotros un crimen tolerar tal situación: y no quisiéramos que en el tribunal de Dios nos viniese a la memoria aquel tardío lamento del Profeta: “Vae mihi, quia tacui.” “Ay de mí, porque callé.”

[…]

En la imposibilidad de continuar ejerciendo el Ministerio Sagrado según las condiciones impuestas por el Decreto citado, después de haber consultado a Nuestro Santísimo Padre, Su Santidad Pío XI, y obtenida su aprobación, ordenamos que, desde el día 31 de julio del presente año, hasta que dispongamos otra cosa, se suspenda en todos los templos de la República, el culto público que exija la intervención del sacerdote.

[…]

No se cerrarán los templos para que los fieles prosigan haciendo oración en ellos. Los sacerdotes encargados de ellos, se retirarán de los mismos para eximirse de las penas que les impone el Decreto del Ejecutivo, quedando por lo mismo exentos de dar el aviso que exige la ley.»

El documento episcopal finalizaba exhortando a los fieles a la oración y a la penitencia, así como a evitar enviar a los hijos a las escuelas de gobierno –esto último, bajo pena de excomunión reservada al obispo–. También se describieron las penas canónicas en las que se podría incurrir quien, por ejemplo, a quienes se apropiasen de bienes eclesiásticos o contrajesen nupcias ante un ministro no católico. Por último, se expresó que el 1 de agosto, el primer día sin culto público en México, Su Santidad Pío XI oraría por esta nación en unión del orbe católico.

Primera plana del periódico tapatío El Informador, fechada el domingo 25 de julio de 1926, en el que se dio a conocer la medida tomada por el Episcopado. Edición y resaltados por la autora. En estos últimos puede observarse, pese a que es erróneo decir que dicho día se suspenderían los cultos, que se menciona la Carta Pastoral y los motivos que movieron a los obispos a tomar aquella extrema disposición; la aprehensión de Miguel Palomar y Vizcarra, famoso militante católico, en la capital; y diversos allanamientos en los hogares de diversos católicos, en la misma urbe.

El efecto producido por la Pastoral Colectiva en el pueblo católico mexicano fue terrible. Era como si les hubiese caído el mundo encima. Hoy en día podemos leer las palabras “suspensión de cultos de 1926” con bastante naturalidad, pero hace casi una centuria, constituyó un auténtico drama –que no una tragedia– para las personas de a pie, en su inmensa mayoría creyentes devotos o por lo menos sinceros en la profesión de su fe, que de la noche a la mañana se enteraron de que ya no podrían ir a Misa, casarse, confesarse, llevar a los hijos a bautizar o pedir la extremaunción. La práctica cotidiana de la religión, tan fundamental para ellos, les estaba siendo arrebatada.

Nutridas filas de fieles deseosos de recibir los Sacramentos en las últimas jornadas de culto público de julio de 1926. Fotografía editada por la autora.

Quizá en nuestros tiempos sea más difícil dimensionarlo en su justa medida, pero así lo sintió toda aquella gente. Para ellos, la suspensión de cultos fue una calamidad casi comparable a la propia persecución, más que establecida y sistemática, que sufrían por parte del régimen desde hacía ya considerable tiempo. ¿Acaso no bastaba que el gobierno limitara y castigara las actividades normales de un católico, que se acercara a Dios y manifestara su fe, como para que ahora la jerarquía eclesiástica también lo impidiera retirando los Sacramentos de los templos y disponiendo que sus sacerdotes se marcharan?

Para su alma y su corazón no existieron los largos párrafos de una Pastoral o las citas bíblicas que incluyeron los obispos en su texto; tampoco el asunto de las sanciones del Derecho Canónico. No: ellos sólo vieron las palabras:

“[…] ordenamos que, desde el día 31 de julio del presente año, hasta que dispongamos otra cosa, se suspenda en todos los templos de la República, el culto público que exija la intervención del sacerdote”.

Fragmento de la primera plana de El Informador, con fecha del miércoles 28 de julio de 1926, en el que se consignan tres sucesos concretos: la concurrencia masiva de los fieles católicos a los templos, en particular para recibir el Sacramento de la Penitencia, así como la celebración de nupcias canónicas y la impartición de numerosos bautismos y confirmaciones; el abandono de las iglesias por parte de los sacerdotes, en cumplimiento de lo dispuesto por la Carta Pastoral Colectiva; y los inventarios previos a la suspensión definitiva de los cultos a partir del domingo 1 de agosto del mismo año. Resaltados por la autora.

De nada sirvió que los prelados explicaran que no se trataba de imponerles la pena del entredicho –en la cual se prohíbe la recepción o impartición de Sacramentos y participar o celebrar en las ceremonias del culto aunque, a diferencia de la excomunión, el culpable no queda fuera de la comunión eclesial–.

Con todo, a los fieles mexicanos no les quedó más que acatar la directiva episcopal. Ingentes multitudes acudieron a los templos, oratorios, capillas y Catedrales para recibir los Sacramentos por última vez en casi tres años. Los presbíteros no se daban abasto para atender las filas de los confesionarios, las de los novios que querían unirse en matrimonio, las de los padres que cargaban a sus infantes para hacerlos renacer a la vida de la gracia. Los prelados, a su vez, administraron la Confirmación a otros tantos niños.

Recreación de las bodas masivas en los templos en los días anteriores a la suspensión de cultos de 1926 en la película Cristiada (2012), dirigida por el norteamericano Dean Wright. A pesar de los numerosos y significativos errores y tergiversaciones –algunos de ellos graves– que contiene la cinta, la asistencia en masa de los feligreses a las iglesias está muy bien representada. Hay que saber reconocer los aciertos.
Los padres de familia llevando a sus hijos a bautizar, uno tras otro, en los últimos días de culto público en 1926. Fotograma del filme Cristiada. Misma observación del pie de foto anterior.
Penitentes aguardan su turno para confesarse en las jornadas previas a la suspensión de culto de 1926. Fotograma del filme Cristiada.

Por fin, el 1 de agosto, que aquel año cayó en domingo, los badajos de las campanas no se movieron más para convocar al Santo Sacrificio de la Misa. Aunque la intención de los prelados, como vimos, era que las iglesias continuasen abiertas para los fieles, el gobierno procedió a su cierre forzoso. En algunos lugares, como la Capilla de Jesús y el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Guadalajara, Cocula (Jalisco) y Sahuayo de Díaz (Michoacán), se produjeron verdaderas reyertas entre los fieles y elementos de la policía o el ejército con tal de impedir la clausura de los recintos sagrados, con el consecuente saldo de muertos y heridos.

El terreno para el estallido final, el levantamiento armado, se iba preparando con cada vez mayor premura.

Compartimos, como cierre de la entrada, los nombres de pila de los eclesiásticos que suscribieron la Carta Pastoral Colectiva y sus respectivas jurisdicciones:

1.         José, Arzobispo de México.

2.         Martín, Arzobispo de Yucatán.

3.         Leopoldo, Arzobispo de Michoacán.

4.         Francisco, Arzobispo de Guadalajara.

5.         Juan, Arzobispo de Monterrey.

6.         José Othón, Arzobispo de Oaxaca.

7.         José María, Arzobispo de Durango.

8.         Pedro, Arzobispo de Puebla.

9.         Ignacio, Obispo de Aguascalientes.

10.      Francisco, Obispo de Cuernavaca.

11.      Amador, Obispo de Colima.

12.      Jesús María, Obispo de Saltillo.

13.      Emeterio, Obispo de León.

14.      Ignacio, Obispo de Zacatecas.

15.      Miguel, Obispo de San Luis Potosí.

16.      Vicente, Obispo de Sonora.

17.      Francisco, Obispo de Tulancingo.

18.      Manuel, Obispo de Zamora.

19.      Juan María, Obispo de Sonora.

20.      Francisco, Obispo de Querétaro.

21.      Rafael, Obispo de Veracruz.

22.      Manuel, Obispo de Tepic.

23.      Gerardo, Obispo de Chiapas.

24.      Antonio, Obispo de Chihuahua.

25.      Leopoldo, Obispo de Tacámbaro.

26.      Francisco, Obispo de Campeche.

27.      Agustín, Obispo de Sinaloa.

28.      Nicolás, Obispo de Papantla.

29.      Pascual, Obispo de Tabasco.

30.      José, Obispo de Huejutla.

31.      Jenaro, Obispo de Tehuantepec.

32.      Serafín, Obispo de Tamaulipas.

33.      Luis, Obispo de Huajuápan.

34.      José Guadalupe, Auxiliar de Monterrey.

35.      Maximino, Obispo Titular de Derbe.

36.      Luis, Obispo Titular de Anemurio.

37.      Francisco, Obispo Titular de Dahora.

38.      José de Jesús, Obispo Titular de Ciña de Galicia.

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Fuente:

Olivera Sedano, A. (2009). El cierre de las iglesias. Historias, (74), 105–112. Recuperado a partir de https://revistas.inah.gob.mx/index.php/historias/article/view/3122

“El Grito de Guadalajara”

Cuando Calles llamó a apoderarse de las conciencias de la niñez y la juventud mexicana

Lic. Helena Judith López Alcaraz

El general sonorense Plutarco Elías Calles (1877-1945), presidente de México y Jefe Máximo, autor del Grito de Guadalajara (1934).

En una fecha como ayer, pero hace noventa años, el 21 de julio de 1934, desde el balcón central del Palacio de Gobierno localizado en la capital jalisciense, el otrora primer mandatario Plutarco Elías Calles llevó a cabo un llamado a sus correligionarios para que la Revolución, que ya había obtenido la victoria en los ámbitos militar y político, se enfocara a conquistar otras esferas no menos importantes para el fortalecimiento de su ideología: la conciencia, la educación y, de forma muy particular, la educación e instrucción de los más pequeños, desde la edad más temprana. A esto se le conoce como “el grito de Guadalajara”.

Acompañado por el presidente electo Lázaro Cárdenas del Río, originario de Jiquilpan de Juárez, Michoacán, y del tequilense Sebastián Allende Rodríguez, antiguo miembro del Congreso Constituyente de Jalisco y a la sazón gobernador de dicho estado de la República, Calles dirigió este vehemente mensaje:

General Lázaro Cárdenas del Río (1895-1970), ganador de las elecciones presidenciales de 1934, quien acompañó a Calles en su «Grito de Guadalajara».

La Revolución no ha terminado. Los eternos enemigos la acechan y tratan de hacer nugatorios sus triunfos. Es necesario que entremos al nuevo periodo de la Revolución, que yo llamo el periodo revolucionario psicológico; debemos apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud porque son y deben pertenecer a la Revolución.

No podemos entregar el porvenir de la Patria y el porvenir de la Revolución a las manos enemigas. Con toda maña los reaccionarios dicen, y los clericales dicen que el niño pertenece al hogar y el joven a la familia; esta es una doctrina egoísta porque el niño y el joven pertenecen a la comunidad, pertenecen a la colectividad y es la Revolución la que tiene el deber imprescindible de apoderarse de las conciencias, […] de desterrar los prejuicios y de formar la nueva alma nacional […].

Es absolutamente necesario sacar al enemigo de esa trinchera donde está la clerecía, donde están los conservadores; me refiero a la escuela. Sería una torpeza muy grave, sería delictuoso para los hombres de la Revolución, que no arrancáramos a la juventud de las garras de la clerecía y de las garras de los conservadores; y desgraciadamente la escuela en muchos Estados de la república y en la misma capital, está dirigida por elementos clericales y reaccionarios.”

Así lo citan, alternativamente, autores como José María Muriá en su Historia de Jalisco (1982), páginas 534 y 535, y Doralicia Carmona Dávila en su biografía de Plutarco Elías Calles incluida en la página, también de su creación, Memoria política de México.

El sonorense añadió, para corroborar lo ya expuesto:

Sólo el Estado impartirá educación. La educación que imparta el Estado será socialista y, además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear a la juventud un concepto racional y exacto del Universo y de la vida social” (citado por Meyer, 1977, pp. 345-346).

Al día siguiente, el Bloque Nacional Revolucionario de la Cámara Federal de Diputados presentó el proyecto de reforma al artículo 3º de la Carta Magna, en el cual se proponía la educación de carácter socialista. Entre tanto, Monseñor Jesús Manríquez y Zárate, uno de los escasísimos obispos que estuvieron abierta y públicamente a favor del movimiento cristero, criticó a Calles y su “Grito” de modo directo.

Calles, «Jefe Máximo» de la Revolución Mexicana. Grabado de Alberto Beltrán.

Como cabía esperar, la alocución del Jefe Máximo no se quedó en meras palabras, ni en una apasionada bravata del hombre que había regido el devenir político nacional desde 1924. El “Grito de Guadalajara” marcó el inicio de una serie de reformas al sistema educativo mexicano que desembocaron en el proyecto de la así llamada “educación socialista”. Esto, por supuesto, no fue bien recibido por la inmensa mayoría de los padres de familia, que no sin razón vieron en aquellas disposiciones una nueva persecución y la imposición de un esquema de instrucción que contradecía sus creencias religiosas y que atacaba aquello que les era más preciado: su fe. No obstante, también es preciso puntualizar que, aunque eran una porción significativa, no sólo los católicos militantes se oponían a aquellos planes.

Las tensiones creadas por el “Grito de Guadalajara” alcanzaron tal magnitud que, sumado a la persecución religiosa creciente, recrudecida desde los tiempos de los mal llamados “arreglos” del 21 de junio de 1929 en entidades de la República como Veracruz, Chihuahua y Tabasco, y aun la capital, se fue preparando el terreno para lo que se conoció como “La Segunda”, una segunda Guerra Cristera, que no tuvo ni la fuerza ni el apoyo de la primera, ni por parte de los seglares y, mucho menos, de la jerarquía eclesiástica.

A diferencia de lo acontecido en el trienio 1926-1929, durante el cual se produjo una seria división en el Episcopado Mexicano y existieron quienes sí apoyaron directa o indirectamente la lucha, en la década de los 30 hubo un evidente consenso antibelicista entre los obispos. Éstos llegaron al extremo de condenar la resistencia armada de los exiguos católicos que se lanzaron a ella.

Con todo, pese al rechazo de los eclesiásticos hacia “La Segunda”, los boletines y demás publicaciones parroquiales condenaron categóricamente la educación que impartía el Estado. Los jerarcas amenazaron con excomunión a quienes mandaran a sus hijos a estudiar a escuelas del gobierno y los dejaran a merced de la educación laicista y comunista. El gobierno, por su parte, amenazó a los padres con la prisión si enviaba a sus vástagos a planteles católicos.

La enseñanza del catecismo quedó prohibida, incluso en viviendas particulares. Los educandos se vieron precisados, en ocasiones, a pasarse de una casa a otra por la azotea, con los fiscalizadores justo afuera. En los colegios, a su vez, la clase de religión estaba vedada, al grado de que el régimen enviaba inspectores para asegurarse de que los alumnos no llevaran dichas clases. Delante del profesor, los emisarios abrían y revisaban las mochilas para verificar que no hubiera algún libro de catequesis. Éstos, previo aviso, eran ocultados detrás de un armario o estante, entre éste y la pared.

Aquello era sólo el comienzo. El 10 de octubre de 1934, los diputados consumaron la reforma de la Constitución en su tercer artículo, y subrayaron que la educación impartida por el Estado sería socialista, excluiría toda doctrina religiosa y combatiría el fanatismo y los prejuicios, forma de llamar, específicamente, a la religión católica, que era la de la inmensa mayoría de los mexicanos. La educación primaria, secundaria y normal impartida en planteles particulares, asimismo, debería ajustarse al patrón concertado y aprobado por los planteles oficiales, so pena de sanciones.

Grabado sobre Lázaro Cárdenas y el apoyo que recibió por parte de algunos sectores obreros de México. En el Occidente de México, particularmente en Guadalajara, Los Altos de Jalisco y el norte de dicho estado, la situación fue completamente distinta y la oposición, aplastante. Autoría: Ignacio Aguirre.

El 16 de octubre, Cárdenas avaló tanto las declaraciones de Calles –¿cómo no hacerlo?– como la reforma constitucional, y señaló que la educación socialista prepararía a los jóvenes para servir en el proceso de emancipación del proletariado. El sector del pueblo que no estaba de acuerdo con todo aquello se comenzó a exaltar. Se suscitaron motines en Puebla, Jalisco, Michoacán, Morelos y Zacatecas, con saldo de numerosos heridos y varios muertos. Los prelados mexicanos dejaron de callar y protestaron de modo más enérgico.

Presidente Lázaro Cárdenas, gran promotor de la educación socialista en México.

Para el 1 de diciembre del mismo año, fecha en que Lázaro Cárdenas tomó posesión de su cargo como presidente constitucional de México, las circunstancias estaban lejos de mejorar en todo sentido.

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Fuentes:

Carmona Dávila, D. (2024). Elías Calles Campuzano Plutarco. Memoria Política de México. https://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/ECP77.html

Meyer, J. (1977).  La Cristiada. Vol. I. México: Siglo XXI Editores.

Meyer Cosío, L. F., Segovia, R., Lajous, A., & González y González, L. (1978). Historia de la Revolución Mexicana, período 1928-1934los inicios de la institucionalización : la política del maximato. El Colegio de México.

Universidad de Guadalajara (2024). “El grito de Guadalajara” de Plutarco Elías Calles (1934). Enciclopedia histórica y biográfica de la Universidad de Guadalajara. Tomo cuarto. La Universidad de Guadalajara, 1925–2017. http://enciclopedia.udg.mx/articulos/el-grito-de-guadalajara-de-plutarco-elias-calles-1934

Testimonios orales de María del Carmen Ávalos Herrera, ya finada, abuela de la autora, nacida en 1930, que fue testigo en primera línea y víctima de la persecución religiosa en materia educativa descrita en el texto.

Murió Juárez…

Muere el Benemérito de las Américas…… Hoy 18 de julio fallece Pablo Benito Juárez García a la edad de 66 años, catorce años llevaba ya como presidente. Don Benito en 1871 no daba traza de querer dejar la presidencia, no sé si doña Margarita su esposa le haya sugerido que descansara ya, Juárez desechaba esas sugerencias, creyéndolas interesadas, don Benito debe haber repetido aquello de: Los consejos no pedidos los dan los entrometidos…

El 26 de junio de 1871 se efectuó la elección para presidente de la república, para el periodo 1871-1875, tres candidatos había, Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Pues bien Juárez jamás estuvo dispuesto a dejar la presidencia por nada. La tensión entre Juárez y Díaz, culmino en la elección presidencial de 1871, cuando Juárez uso fondos del gobierno y se valió de toda suerte de artimañas para conseguir la reelección. Don Porfirio se lanzó a la guerra con el Plan de Tuxtepec para terminar con el gobierno dictatorial de Juárez. Don Benito afronto con mucha tranquilidad la rebelión de Díaz, las torpezas que cometió don Porfirio obligaron a este salir del país, sin embargo, en el Norte la sublevación había cundido.

El 17 de julio de 1872, don Benito despacho como de costumbre los asuntos de su cargo, dicto una carta a su secretario, no podía imaginar mientras dictaba que la firma que pondría a esa carta sería la última que estamparía en su correspondencia. Decía: Esperamos de un momento a otro la ocupación de Monterrey por las fuerzas unidas de los generales Sostenes Rocha, Ceballos y Revueltas… Y en efecto esa misma noche Monterrey fue abandonada por los del Plan de Tuxtepec, había sido tomada por los juaristas.

Don Benito impasible como una esfinge, desde las 7 de la mañana del 17 de julio, había sentido síntomas iniciales del mal que lo llevo a la tumba, que posteriormente seria descrito por los médicos como una neurosis crónica del gran simpático. Aunque para algunos historiadores contemporáneos, a don Benito fue envenenado con una hierba llamada la ventiunilla, dada en una fiesta por la Carambada mujer enemiga de Juárez. don Darío Balandrano director del diario oficial, cuenta que estaba leyendo en voz alta la nota de un periódico cuando de pronto don Benito se levantó del asiento y se llevó las manos al cerebro haciendo un gesto de dolor. El resto de la jornada trascurrió normalmente.

Al despertar a las 6 de la mañana del 18 de julio de 1872, don Benito se sintió muy mal, tanto que por primera vez en muchos años no pudo levantarse para ir a su trabajo, doña Margarita había fallecido un año y medio antes el 2 de enero de 1871, don Benito a los doctores les dio la orden; a nadie debían decir que estaba en cama. Paso toda la mañana con un dolor cordial, a las 7 de la tarde los malestares se hicieron más intensos, el doctor Alvarado médico de la familia dijo a la familia, el señor presidente está muy grave, por disposición de Alvarado fueron llamados los doctores Rafael Lucio y Gabino Barreda, uno de ellos sugirió un tratamiento que consistía en derramar agua hirviendo sobre el pecho del enfermo a fin de reanimarle el corazón, se procedió a realizar tremenda cura, que causo intensísimo dolor a Juárez. A las 10 de la noche Juárez agravo, los médicos decidieron aplicarle inyecciones de morfina en el lado izquierdo del pecho. A las 11:25 de la noche de aquel 18 de julio de 1872, se recostó sobre su lado izquierdo y puso la cabeza en su mano sobre la almohada. Cerró los ojos, a las 11:30, se agito un momento y un estertor salió de su garganta. Luego su cuerpo pareció aflojarse, el doctor Alvarado se acercó y le tomo la mano, luego, sin levantar el rostro, pronuncio una sola palabra; Acabo…

Esa misma noche se acordó llevar el cadáver del presidente a un salón del Palacio Nacional, antes sin embargo, los doctores Alvarado, Barreda y Lucio, procedieron a embalsamar el cadáver. Don Benito fue sepultado hasta el 23 de julio, en el túmulo mortuorio del difunto no aparecieron símbolos religiosos, si no los de la orden de la masonería. Fue sepultado en el templo – panteón San Fernando, a los dignatarios de la iglesia les habría gustado seguramente impedir el entierro del presidente, en sagrado, pues Juárez fue enconado enemigo del clero y, además murió impenitente. Ya no podían los clericós, sin embargo, hacer tal cosa, pues las Leyes de Reforma habían convertido en civiles los cementerios religiosos….

FUENTE: Conoce México a través de su historia (página de facebook)

La Batalla de la Trasquila

Jiquilpenses contra galos durante la Intervención Francesa

Lic. Helena Judith López Alcaraz

Expédition du Mexique. — Victoire d’Uquilpan, remportée par le colonel Clinchant, du 2e zouaves, sur les généraux Juaristes Arteaga, Echegueray, Neri et Espinola. (Ce dernier remet son épée au Colonel Clinchant, atteint d’une balle à la jambe. D’après le croquis de M. Maynard.) [La victoria de Jiquilpan, ganado por el Coronel Clinchant, 2ª zuavos, en generales juaristes Arteaga, Echegueray, Neri e Espinola. (Éste último da su espada a Coronel Clinchant, quien recibió un disparo en la pierna)]. Ilustración fechada el 21 de enero de 1865, de la autoría de Gustave Janet y Charles Maurand. Incluida en la revista El mundo ilustrado.

El poblado michoacano de Jiquilpan, que desde el 16 de abril de 1891 ostentaría el rango de ciudad y el apellido del presidente zapoteca de Oaxaca, también tomó parte en la resistencia mexicana contra la invasión de los franceses. Dos años después del famoso combate en Puebla del 5 de mayo de 1862, en esta localidad de la Ciénega, las armas de ambas naciones se batieron… Sólo que allí, a diferencia de lo acontecido bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, las de México “no se cubrieron de gloria”.

General José María Arteaga (1827-1865), quien lideró a las tropas republicanas durante la Batalla de La Trasquila.

Se trata de la Batalla de la Trasquila, también llamada de Jiquilpan, que tuvo lugar en noviembre de 1864, específicamente el 22.

En los días previos al día 21, el General de División José María Arteaga Magallanes, conocido liberal y republicano nacido en la capital del país, había ordenado a los Generales de Brigada Leonardo Ornelas Rourigner y Pedro Rioseco Romero –ambos originarios de Guadalajara– que, en unión del coronel Ignacio Zepeda, atacasen al contraguerrillero Rito Sabalsa en la población jalisciense de Jocotepec. El susodicho Sabalsa disponía de doscientos hombres de caballería –del bando conservador– y más de cien franceses del 81 de línea que mandaba el teniente Barberi, así como una media batería de artillería. En adición, en aquella tropa militaban quinientos jinetes mexicanos aliados de los galos. Así lo expone Eduardo Ruiz en su libro Historia de la Intervención en Michoacán.

En Jonotepec, los generales Rioseco y Ornelas lograron la victoria, causaron sesenta bajas muertos y tomaron prisioneros a ochenta artilleros zuavos. Después de la batalla, el Ejército mexicano se trasladó a la región de Jiquilpan, Michoacán, y se distribuyó en los lugares aledaños a esta localidad. González Ortega entró a Jiquilpan a las 11 de la mañana del 21 de noviembre, escoltado por el general Cuervo y el regimiento Lanceros de Jalisco.

Algunas horas después arribó el Ejército. El Cuartel General permaneció en la plaza, y por orden del segundo en jefe, general Miguel María Echegaray, se montó el campamento de la manera siguiente: la División compuesta de fuerzas de Jalisco y San Luis Potosí, al mando del mismo Echegaray, se instaló en el camino que conduce a Mazamitla, al pie de un cerro. Las brigadas de caballería marcharon hasta Guaracha, distante más de dos leguas de Jiquilpan –más de tres kilómetros–, y la mayor parte de la cuarta División, al mando del general Ignacio Herrera y Cairo se alojó en la población. El resto de los soldados, finalmente, se quedó en la loma que daría nombre a la batalla: La Trasquila.

Según el cronista José Luis Ceja, toda la noche del 21 de noviembre llovió de modo torrencial. El 22, durante la madrugada, la avanzada del Ejército Mexicano que acampaba en La Trasquila escucharon el ruido de fuerzas armadas que atravesaban las milpas cercanas. Eran los franceses. Se notificó al general Pedro Rioseco, quien acudió a todo galope en su montura desde el lugar en que acampaba. Iba aún en su corcel, cuando –de acuerdo con José Luis Ceja– fue muerto de un lanzazo por un zuavo francés. Otra versión, la de Jiquilpan y su historia, refiere que lo ultimaron a bayonetazos.

El Ejército invasor avanzó hasta las primeras casas del pueblo, donde estaba el general Leonardo Ornelas, quien combatió con bravura al invasor hasta desplomarse, muerto, de su caballo. A continuación los invasores franceses y los aliados mexicanos penetraron en Jiquilpan para sorprender al resto del Ejército republicano, que fue vencido.

Los cadáveres de Ornelas y Rioseco fueron sepultados en el camposanto de Jiquilpan, que a la sazón se localizaba en el atrio de la Parroquia de San Francisco de Asís –tal era la costumbre en aquella época–. Así lo expone la siguiente partida eclesiástica, que dice:

“En veintidós de Noviembre anterior / estando yo ausente  y según me informó mi Encar- / gado, el Sr. Ver. D. Estevan Careaga fueron se- / pultados en el campo santo algunos cadáve- res de mejicanos  y un extranjero muertos / en la guerra que en este día hubo en La Trasquila / entre Franceses y el Grueso del Ejército de Jalisco al mando del Sr. General Ar- / teaga; allí fueron sepultados, sin derechos los cada- / veres de los Sres. Generales D. Leonardo Ornelas; y D. Pedro Rioseco. José Ma. Prado [Rúbrica]”

La derrota, en suma, fue total para los republicanos. Ruiz, a quien citamos con anterioridad, inclusive llega al extremo de llamar a este episodio histórico “el desastre de Jiquilpan”.

Partida de sepultura eclesiástica de los generales Ornelas y Rioseco. Imagen editada por la autora.

Francisco Hernández Pulido, jiquilpense, en la segunda mitad del siglo XX, relataría así la magnitud de la carnicería:

“Y de tanto muerto que hubo lograron llenar un pozo de cantera que había por ahí, nomás pasaba el carretón lleno de muertos de un lado a otro. Todo eso me lo platicaba mi abuelo, porque mi abuelo era muy viejo” (Ramos y Rueda, 1984, p. 95).

Por su parte, José María Arteaga sería pasado por las armas el 21 de octubre de 1865 en Uruapan, Michoacán. El general Carlos Salazar, los coroneles Jesús Díaz y Trinidad Villagómez y el capitán Juan González correrían una suerte análoga. Todo para cumplir y llevar a la práctica el Decreto sobre guerrilleros y bandas armadas, emitido por el emperador Maximiliano el 3 del mismo mes. Dicho estatuto, conocido como el “decreto negro”, imponía la pena capital para los “guerrilleros”, incluyendo a aquellos republicanos que resistían al Imperio.

Decreto sobre guerrillas y bandas armadas, México, 3 de octubre de 1865, en Diario del Imperio, México, 3 de octubre de 1865, tomo II, núm. 228, p. 333, en AGN, Biblioteca-Hemeroteca.

El 1 de julio de 1934, apenas unos meses antes de ascender a la presidencia de la República, el General Lázaro Cárdenas del Río, oriundo del terruño jiquilpense, inauguró un monumento conmemorativo en la Loma de la Trasquila. Él mismo lo había mandado edificar y costeado, de su propio bolsillo, la mayor parte de su construcción. También se colocó una placa que resume el combate.

Monumento a los generales Leonardo Ornelas Rourigner y Pedro Rioseco Romero, en la Loma de la Trasquila, Michoacán. De México en fotos. Imagen mejorada por la autora.

Dicho monumento aún se conserva. La Loma de la Trasquila ahora es un asentamiento poblado, dentro de Jiquilpan. Una escalinata conduce al obelisco. Yendo unas cuadras hacia el oriente, en línea recta, se sitúa la Parroquia dedicada al Seráfico Padre. Hacia el poniente, se yergue el templo de San José.

Placa colocada en Jiquilpan de Juárez, Michoacán, con fecha del 1 de julio de 1934, para rememorar la Batalla de la Trasquila y la prolongada aunque infructuosa resistencia de las tropas republicanas en contra de las huestes francesas.

Fuentes:

Archivo General de la Nación (11 de octubre de 2022). Medidas contraguerrilleras durante el segundo imperio. Gobierno de México. https://www.gob.mx/agn/es/articulos/medidas-contraguerrilleras-durante-el-segundo-imperio#:~:text=El%20decreto%20del%203%20de,el%20guerrillero%20la%20pena%20capital.

Ceja, J. L. (5 de mayo de 2022). Jiquilpan, donde los franceses derrotaron a México dos años después de la Batalla de Puebla. La Voz de Michoacán. https://www.lavozdemichoacan.com.mx/cultura/historia/jiquilpan-donde-los-franceses-derrotaron-a-mexico-dos-anos-despues-de-la-batalla-de-puebla/

Ramos Arizpe, G. & y Rueda Smithers, A. (1984). Jiquilpan 1895-1920. Una visión subalterna del pasado a través de la historia oral. México: Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas A. C., México. p. 95.

Ruiz, E. (1940). Historia de la Guerra de Intervención en Michoacán. México: Рипол Классик y Secretaría de Educación Pública.