Defensa, reyerta y sitio en el Santuario de Guadalupe

Cuando los católicos tapatíos se enfrentaron a la policía y a los federales en plena calle

Lic. Helena Judith López Alcaraz

Ilustración coloreada del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Fotografía: México en Fotos.

En una fecha como esta, pero de 1926, afuera del Santuario de la Virgen de Guadalupe en Guadalajara, cruce con la avenida Alcalde y la calle Juan Álvarez, en plena vía pública, tuvo lugar una auténtica batalla campal entre los feligreses tapatíos y elementos de la policía y del ejército federal, así como la defensa de la iglesia susodicha. Todo se debió, como sucedió en ciertos lugares del país, a dos factores clave: la oposición terminante del pueblo católico al cierre de los templos luego de la suspensión de cultos y los ánimos ya caldeados y exaltados a raíz de la persecución religiosa sistemática, y para entonces ya legalizada mediante la “Ley Calles”, de que eran objeto parroquianos y sacerdotes.

En el caso de la capital jalisciense, la gente se atrincheró en el Santuario debido al rumor, nada infundado, de que el gobierno acudiría para clausurar el inmueble. La intención de los obispos, en su Carta Pastoral Colectiva del 25 de julio, había sido que las iglesias permanecieran abiertas y que los fieles pudieran seguir orando en ellas, pero el régimen no estaba dispuesto a permitir aquello.

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe visto desde la calle Pedro Loza casi en su cruce con Juan Álvarez y, afuera, el jardín Alcalde. Todo esto fue escenario del enfrentamiento entre católicos contra militares y policías el 3 de agosto de 1926. Fotografía mejorada por la autora.

La disposición de las autoridades fue clara: cualquier parroquia, oratorio o capilla que fuera abandonado por el sacerdote debía cerrar sus puertas. Esto, en innumerables ocasiones, y a lo ancho y largo de la República, era acompañado por la profanación del sagrado recinto y su apropiación por parte de la milicia federal, que los convertía en cuarteles, armerías, caballerizas y prisiones. A esto había que añadir el robo de vasos sagrados, quema de documentos y la destrucción de sagrarios, altares, bancas, ornamentos e imágenes. Estas últimas solían ser despedazadas o “fusiladas”. A los soldados parecía gustarles practicar o afinar su puntería con las efigies de la Virgen, de los Santos y aun con el mismo cristo del altar.

Por consiguiente, y con base en todo lo anteriormente descrito, no es de extrañar que, ante la posibilidad de que la policía y los soldados acudieran al Santuario guadalupano tapatío para cerrarlo y dedicarse al pillaje y a cometer sacrilegios a diestra y siniestra, los fieles de Guadalajara reaccionaran con ardor y se aprestaran a defenderlo a toda costa. Los hombres llevaron las armas que pudieron, en su mayoría pistolas o algún rifle o carabina. Las féminas y sus hijos, por su parte, se quedaron adentro del templo.

Santuario Guadalupano de Guadalajara visto desde la actual Av. Alcalde. Fotografía tomada en 1913.

Hubo, no obstante, un grupo de chicos que no se metió al Santuario, sino que se dedicó a solicitar –y aun demandar– a los transeúntes que respondieran a la proclama católica por excelencia en aquellos días: “¡Viva Cristo Rey!” o que la gritaran también al pasar frente al edificio. Todo marchaba con relativa calma, con todo y la tensión imperante, hasta que un automóvil transitó por el lugar. Dentro iba un oficial del gobierno, general Lorenzo Muñoz, con rumbo al Hospital militar, cercano al Santuario. Los mozalbetes le requirieron el vítor religioso y, como cabía suponer, el militar se rehusó y ordenó a su chofer que acelerara.

Los chicos no aceptaron la negativa ni que el vehículo siguiera su camino, y arremetieron contra éste con palos y piedras. Como la respuesta violenta de los muchachos no cesaba, el oficial Muñoz mandó al conductor que se detuviera, se apeó del carro y lanzó varios disparos al aire, aunque por la batahola no se distinguió si fue con la intención de hacer blanco o únicamente de asustarlos.

De cualquier forma, los tiros bastaron para enardecer a los presentes. Algunos hombres reaccionaron abriendo fuego detrás de sendos árboles del jardín Alcalde. El oficial no tardó en subir a su coche y, ya en el Hospital militar, vía telefónica, pidió refuerzos a la Jefatura de Operaciones.

Mientras, en el Santuario, la campana mayor fue tocada a rebato. Incontables personas del barrio acudieron al llamado y engrosaron el contingente católico, diseminándose tanto en el interior como en el exterior del templo. El cancel central fue cerrado como medida de defensa, por lo que pudiera ocurrir. Al cabo de un cuarto de hora, las calles cercanas al templo se habían atestado de gente.

Titular de El Informador fechado el 4 de agosto de 1926, un día después de los hechos en el Santuario. Recuadros y edición por la autora.

Treinta minutos después del incidente con el oficial callista, una camioneta de la Secretaría de Guerra arribó al sitio. Veinticinco soldados armados bajaron. De ellos, veinte se distribuyeron en el jardín y cinco, al mando de otro militar, quisieron entrar al Santuario por la fuerza y fueron hacia el cancel central.

De repente, salida de entre la multitud, una señorita se aproximó al jefe de los mílites y, sin pestañear, le hundió un puñal en la espalda. Presas del asombro y el miedo, los soldados no supieron reaccionar para ayudar a su líder, que yacía moribundo y ensangrentado en el piso. La muchacha, con calma que pasmó a los presentes, le quitó su pistola y su espada y se los dio a dos hombres que había dentro del cancel, diciéndoles:

—Tengan para que se defiendan.

Los señores que se hallaban en el atrio del Santuario conminaron a los cinco soldados a que se retiraran, bajo amenaza de dispararles. Los federales obedecieron y se unieron a sus compañeros en el jardín, sólo para abrir fuego, ahora sí, contra los que estaban en el templo y contra la multitud. Una parte muy significativa de los civiles no iba armada, pero los soldados no repararon en ello.

Casi todos los fieles inermes, los que pudieron, se introdujeron a toda prisa en el recinto y en la sacristía del Santuario, al tiempo que la lluvia de balas crecía. Los hombres que sí estaban provistos con armas se organizaron para la defensa en el atrio, las torres y la azotea de la iglesia. Entre ellos pronto destacó, por su liderazgo, el joven atotonilquense Lauro Rocha González, de apenas dieciocho años de edad.

Lauro Rocha González (1908-1936), líder de los defensores del Santuario de Guadalupe y prominente general durante la Cristiada. Mejora y edición por la autora.

Para tornar la situación más compleja, una lluvia torrencial comenzó a caer. Los federales recibieron un refuerzo que llegó por la calle Juan Álvarez. Sin embargo, por la confusión, en un primer momento creyeron que eran personas provenientes de la Capilla de Jesús, localizada unas cuadras hacia el poniente, que habrían de unirse a los defensores del Santuario. Tras matarse entre sí durante un rato, cayeron en la cuenta de su error y concentraron sus energías a atacar a los católicos, si bien, por la excelente disposición y estrategia de éstos, no lograron acercarse ni un poco al templo en un intervalo de una hora, durante la cual el tiroteo fue en extremo virulento.

Rocha, al ver que a los suyos les quedaban pocos cartuchos, dictaminó un cese al fuego. Era mejor, según pensó, guardarlos para más tarde. Los soldados, que para ese momento ya habían sitiado el Santuario, también dejaron de disparar. Ya había caído la noche. Nadie entró ni salió del inmueble en un buen lapso. Adentro, la gente entonó sin cansancio diversos himnos y canciones, entre los que destacaba uno que decía: “Tropas de María, sigan la bandera. No desmaye nadie, ¡vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra!”

A media noche, los federales tuvieron la idea de apagar la energía eléctrica. No faltaron quienes, pese al sitio, aprovecharon las tinieblas para poner pies en polvorosa. Cuentan algunas narraciones orales que algunas personas llevaron alimento a quienes estaban encerrados dentro del Santuario, valiéndose de unos túneles. Según El Informador, algunos corresponsales de éste lograron acercarse al templo y ver cuatro cadáveres yacentes en la calle –entonces llamada Avenida, o por lo menos en el periódico– Pedro Loza, así como a cuatro individuos heridos.

Alboreó el 4 de agosto. Una vez que los católicos se hubieron rendido, pues no quedaba otra alternativa, las mujeres y los niños fueron dejados en libertad, no así los hombres, que fueron arrestados, conducidos al cuartel entre dos filas de soldados armados y recluidos primero en el edificio de Los Dolores, luego –por falta de espacio– en el Cuartel Colorado, localizado la calle Gómez Farías en su cruce con Belisario Domínguez, rumbo a San Pedro Tlaquepaque; y finalmente en la Penitenciaría del Estado, donde actualmente es el Parque de la Revolución –o “Parque Rojo”–. De acuerdo con El Informador, eran casi cuatrocientos. Se les dejó en libertad jornadas después.

Primera plana de El Informador del 5 de agosto de 1926, en el que se informa sobre el desalojo del recinto y la detención de incontables católicos, todos ellos varones.

El Santuario fue desalojado ese día, en tanto que una comisión de damas católicas acudió a hablar con el general de división Jesús María Ferreira, jefe de operaciones militares en Jalisco –quien en abril del año siguiente encabezaría las torturas y asesinato del máximo adalid católico de Occidente, Anacleto González Flores–, para interceder por los detenidos. Asimismo, se comprometieron a parlamentar con algunos grupos católicos para evitar la violencia y, así, que se produjera una trifulca análoga o hasta peor. Por otro lado, se encargaron de que tuvieran qué comer, ya que, a pesar de que sus familiares les enviaban alimentos, los militares no se los entregaban.

El mismo 4 de agosto aconteció algo casi idéntico a la contienda del Santuario tapatío, pero con mayores proporciones al tratarse de una localidad entera, en cierta localidad muy singular del occidente michoacano que, por aquellos ayeres, llevaba el apellido del presidente que gobernó México por más de tres décadas. Allí, a diferencia de lo que pasó en Guadalajara, la gente sí se proveyó de más armas o, cuando menos, de objetos para defenderse y atacar. Mañana podrá leerse al respecto en otra entrada de esta revista.

En Guadalajara, por su parte, el general Ferreira rindió largas declaraciones para el diario El Informador, entre las que subrayó:

“Se dará orden nuevamente de prohibir el uso de armas de fuego y sin distinción de credos religiosos, se castigará a quienes con sus intemperancias, de todo punto injustificadas, alteren la paz pública”.

Ante el adjetivo «injustificadas» que empleó el oficial callista, cabe cuestionar si tal era la coyuntura. La persecución religiosa seguiría demostrando que, al margen de pasiones exaltadas que en ocasiones sí desembocaron en sangrientos sucesos, los fieles católicos mexicanos tenían sobrados motivos para estar indignados y sentirse agraviados por el régimen. Y más cuando comenzaran los encarcelamientos y asesinatos de católicos, y en particular de sacerdotes, a mansalva.

Detalle del Santuario de Guadalupe tapatío en la actualidad. Fotografía: Gobierno de Guadalajara.

Lo acaecido en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Guadalajara fue tan grave que la reyerta aún es citada en el grupo de aquellas que tuvieron lugar en los días posteriores de la suspensión del culto público, junto a Cocula y Sahuayo.

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Fuentes:

Diario El Informador.

Relato del general Jesús Degollado Guízar.

Testimonios orales de la Sra. María del Carmen Ávalos Herrera, abuela paterna de la autora, ya finada, cuyos padres, don Luis G. Ávalos Rosales y doña María Luisa Herrera Mendoza, radicaban a exiguas cuadras del Santuario y vivieron de cerca o fueron testigos de los acontecimientos y vicisitudes de la persecución religiosa en Guadalajara.

«Ley Calles» y suspensión de cultos en toda la República: Carta Pastoral Colectiva de 1926

Lic. Helena Judith López Alcaraz

En una fecha como esta, pero de 1926, hace 98 años, fue suscrita y publicada la Carta Pastoral Colectiva de los obispos mexicanos anunciando la suspensión de cultos a lo ancho y largo de México, a partir del 1 de agosto de aquel año, y hasta nueva orden. En dicha fecha entrarían en vigor las atroces reformas en materia religiosa hechas al Código Penal, la famosa “Ley Calles”, que el presidente Plutarco Elías Calles había propuesto a las Cámaras. Los eclesiásticos estaban convencidos de que era la única forma que les quedaba para protestar por las legislaciones persecutorias, en particular esta última, que era el culmen de todas las anteriores.

Grupo de prelados mexicanos, entre ellos don José Mora y del Río, oriundo de Pajacuarán, Michoacán, y don Francisco Orozco y Jiménez, nacido en Zamora, en la misma entidad. Montaje tomado de la página de Facebook Testimonium Martyrum –expresión latina para «Testimonio de los Mártires»–.

La Carta, “dada en la Fiesta del Apóstol Santiago, a veinticinco de julio de mil novecientos veintiséis”, fue firmada por un total de treinta y ocho prelados: además de los pertenecientes a las diversas Diócesis y Arquidiócesis, la suscribieron los obispos Titulares de Derbe, Anemurio, Dahora y Ciña de Galicia.

Compartimos con ustedes tres párrafos de aquel documento:

«[…] la Ley del Ejecutivo Federal promulgada el 2 de julio del presente año, de tal modo vulnera los derechos divinos de la Iglesia, encomendados a nuestra custodia; es tan contraria al derecho natural, que no sólo asienta como base primordial de la civilización la libertad religiosa, sino que positivamente prescribe la obligación individual y social de dar culto a Dios; es tan opuesta según la opinión de eminentes jurisconsultos católicos y no católicos, al derecho constitucional mexicano, que ante semejante violación de valores morales tan sagrados, no cabe ya de nuestra parte condescendencia ninguna. Sería para nosotros un crimen tolerar tal situación: y no quisiéramos que en el tribunal de Dios nos viniese a la memoria aquel tardío lamento del Profeta: “Vae mihi, quia tacui.” “Ay de mí, porque callé.”

[…]

En la imposibilidad de continuar ejerciendo el Ministerio Sagrado según las condiciones impuestas por el Decreto citado, después de haber consultado a Nuestro Santísimo Padre, Su Santidad Pío XI, y obtenida su aprobación, ordenamos que, desde el día 31 de julio del presente año, hasta que dispongamos otra cosa, se suspenda en todos los templos de la República, el culto público que exija la intervención del sacerdote.

[…]

No se cerrarán los templos para que los fieles prosigan haciendo oración en ellos. Los sacerdotes encargados de ellos, se retirarán de los mismos para eximirse de las penas que les impone el Decreto del Ejecutivo, quedando por lo mismo exentos de dar el aviso que exige la ley.»

El documento episcopal finalizaba exhortando a los fieles a la oración y a la penitencia, así como a evitar enviar a los hijos a las escuelas de gobierno –esto último, bajo pena de excomunión reservada al obispo–. También se describieron las penas canónicas en las que se podría incurrir quien, por ejemplo, a quienes se apropiasen de bienes eclesiásticos o contrajesen nupcias ante un ministro no católico. Por último, se expresó que el 1 de agosto, el primer día sin culto público en México, Su Santidad Pío XI oraría por esta nación en unión del orbe católico.

Primera plana del periódico tapatío El Informador, fechada el domingo 25 de julio de 1926, en el que se dio a conocer la medida tomada por el Episcopado. Edición y resaltados por la autora. En estos últimos puede observarse, pese a que es erróneo decir que dicho día se suspenderían los cultos, que se menciona la Carta Pastoral y los motivos que movieron a los obispos a tomar aquella extrema disposición; la aprehensión de Miguel Palomar y Vizcarra, famoso militante católico, en la capital; y diversos allanamientos en los hogares de diversos católicos, en la misma urbe.

El efecto producido por la Pastoral Colectiva en el pueblo católico mexicano fue terrible. Era como si les hubiese caído el mundo encima. Hoy en día podemos leer las palabras “suspensión de cultos de 1926” con bastante naturalidad, pero hace casi una centuria, constituyó un auténtico drama –que no una tragedia– para las personas de a pie, en su inmensa mayoría creyentes devotos o por lo menos sinceros en la profesión de su fe, que de la noche a la mañana se enteraron de que ya no podrían ir a Misa, casarse, confesarse, llevar a los hijos a bautizar o pedir la extremaunción. La práctica cotidiana de la religión, tan fundamental para ellos, les estaba siendo arrebatada.

Nutridas filas de fieles deseosos de recibir los Sacramentos en las últimas jornadas de culto público de julio de 1926. Fotografía editada por la autora.

Quizá en nuestros tiempos sea más difícil dimensionarlo en su justa medida, pero así lo sintió toda aquella gente. Para ellos, la suspensión de cultos fue una calamidad casi comparable a la propia persecución, más que establecida y sistemática, que sufrían por parte del régimen desde hacía ya considerable tiempo. ¿Acaso no bastaba que el gobierno limitara y castigara las actividades normales de un católico, que se acercara a Dios y manifestara su fe, como para que ahora la jerarquía eclesiástica también lo impidiera retirando los Sacramentos de los templos y disponiendo que sus sacerdotes se marcharan?

Para su alma y su corazón no existieron los largos párrafos de una Pastoral o las citas bíblicas que incluyeron los obispos en su texto; tampoco el asunto de las sanciones del Derecho Canónico. No: ellos sólo vieron las palabras:

“[…] ordenamos que, desde el día 31 de julio del presente año, hasta que dispongamos otra cosa, se suspenda en todos los templos de la República, el culto público que exija la intervención del sacerdote”.

Fragmento de la primera plana de El Informador, con fecha del miércoles 28 de julio de 1926, en el que se consignan tres sucesos concretos: la concurrencia masiva de los fieles católicos a los templos, en particular para recibir el Sacramento de la Penitencia, así como la celebración de nupcias canónicas y la impartición de numerosos bautismos y confirmaciones; el abandono de las iglesias por parte de los sacerdotes, en cumplimiento de lo dispuesto por la Carta Pastoral Colectiva; y los inventarios previos a la suspensión definitiva de los cultos a partir del domingo 1 de agosto del mismo año. Resaltados por la autora.

De nada sirvió que los prelados explicaran que no se trataba de imponerles la pena del entredicho –en la cual se prohíbe la recepción o impartición de Sacramentos y participar o celebrar en las ceremonias del culto aunque, a diferencia de la excomunión, el culpable no queda fuera de la comunión eclesial–.

Con todo, a los fieles mexicanos no les quedó más que acatar la directiva episcopal. Ingentes multitudes acudieron a los templos, oratorios, capillas y Catedrales para recibir los Sacramentos por última vez en casi tres años. Los presbíteros no se daban abasto para atender las filas de los confesionarios, las de los novios que querían unirse en matrimonio, las de los padres que cargaban a sus infantes para hacerlos renacer a la vida de la gracia. Los prelados, a su vez, administraron la Confirmación a otros tantos niños.

Recreación de las bodas masivas en los templos en los días anteriores a la suspensión de cultos de 1926 en la película Cristiada (2012), dirigida por el norteamericano Dean Wright. A pesar de los numerosos y significativos errores y tergiversaciones –algunos de ellos graves– que contiene la cinta, la asistencia en masa de los feligreses a las iglesias está muy bien representada. Hay que saber reconocer los aciertos.
Los padres de familia llevando a sus hijos a bautizar, uno tras otro, en los últimos días de culto público en 1926. Fotograma del filme Cristiada. Misma observación del pie de foto anterior.
Penitentes aguardan su turno para confesarse en las jornadas previas a la suspensión de culto de 1926. Fotograma del filme Cristiada.

Por fin, el 1 de agosto, que aquel año cayó en domingo, los badajos de las campanas no se movieron más para convocar al Santo Sacrificio de la Misa. Aunque la intención de los prelados, como vimos, era que las iglesias continuasen abiertas para los fieles, el gobierno procedió a su cierre forzoso. En algunos lugares, como la Capilla de Jesús y el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Guadalajara, Cocula (Jalisco) y Sahuayo de Díaz (Michoacán), se produjeron verdaderas reyertas entre los fieles y elementos de la policía o el ejército con tal de impedir la clausura de los recintos sagrados, con el consecuente saldo de muertos y heridos.

El terreno para el estallido final, el levantamiento armado, se iba preparando con cada vez mayor premura.

Compartimos, como cierre de la entrada, los nombres de pila de los eclesiásticos que suscribieron la Carta Pastoral Colectiva y sus respectivas jurisdicciones:

1.         José, Arzobispo de México.

2.         Martín, Arzobispo de Yucatán.

3.         Leopoldo, Arzobispo de Michoacán.

4.         Francisco, Arzobispo de Guadalajara.

5.         Juan, Arzobispo de Monterrey.

6.         José Othón, Arzobispo de Oaxaca.

7.         José María, Arzobispo de Durango.

8.         Pedro, Arzobispo de Puebla.

9.         Ignacio, Obispo de Aguascalientes.

10.      Francisco, Obispo de Cuernavaca.

11.      Amador, Obispo de Colima.

12.      Jesús María, Obispo de Saltillo.

13.      Emeterio, Obispo de León.

14.      Ignacio, Obispo de Zacatecas.

15.      Miguel, Obispo de San Luis Potosí.

16.      Vicente, Obispo de Sonora.

17.      Francisco, Obispo de Tulancingo.

18.      Manuel, Obispo de Zamora.

19.      Juan María, Obispo de Sonora.

20.      Francisco, Obispo de Querétaro.

21.      Rafael, Obispo de Veracruz.

22.      Manuel, Obispo de Tepic.

23.      Gerardo, Obispo de Chiapas.

24.      Antonio, Obispo de Chihuahua.

25.      Leopoldo, Obispo de Tacámbaro.

26.      Francisco, Obispo de Campeche.

27.      Agustín, Obispo de Sinaloa.

28.      Nicolás, Obispo de Papantla.

29.      Pascual, Obispo de Tabasco.

30.      José, Obispo de Huejutla.

31.      Jenaro, Obispo de Tehuantepec.

32.      Serafín, Obispo de Tamaulipas.

33.      Luis, Obispo de Huajuápan.

34.      José Guadalupe, Auxiliar de Monterrey.

35.      Maximino, Obispo Titular de Derbe.

36.      Luis, Obispo Titular de Anemurio.

37.      Francisco, Obispo Titular de Dahora.

38.      José de Jesús, Obispo Titular de Ciña de Galicia.

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Fuente:

Olivera Sedano, A. (2009). El cierre de las iglesias. Historias, (74), 105–112. Recuperado a partir de https://revistas.inah.gob.mx/index.php/historias/article/view/3122