La historia de Monseñor José María González y Valencia. Cuarta y última parte

Lic. Helena Judith López Alcaraz

En la anterior entrada, la penúltima de esta serie, abordamos la intervención del egregio Obispo de Durango en el intervalo comprendido entre finales de 1924, cuando le fue conferido tal cargo, a febrero de 1927, cuando publicó su Carta Pastoral en la que, abiertamente, aprobó el movimiento cristero y reconoció su licitud moral. En el presente texto, desenlace de la biografía de nuestro eclesiástico michoacano, hablaremos de su enérgica oposición a la realización de los mal llamados “arreglos” de 1929, que causaron el fin de la Cristiada; de cómo, a raíz de aquéllos, tuvo que permanecer desterrado; de algunos aspectos de su vida al retornar del exilio y, por último, sobre su fallecimiento.

El 7 de octubre de 1927, como contestación a las quejas recibidas de sus diocesanos y de los jefes de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa respecto a los rumores, nada infundados, sobre unos posibles acuerdos “no fundados en una efectiva derogación de las leyes” (1967, p. 79, citado por Barquín y Ruiz) entre miembros del Episcopado mexicano –veremos en seguida sus nombres– y el gobierno de Plutarco Elías Calles, el combativo prelado de Cotija escribió su Segunda Carta Pastoral, en la que expresaba, de modo tajante:

“¡No, y mil veces no! Nuestra fe de católicos, nuestro deber de Prelados, nuestra dignidad, el respeto que debemos a las víctimas, el puesto que hemos conquistado ante el mundo, y finalmente la conciencia que tenemos de nuestra fuerza moral y espiritual, que centuplica nuestra misma fuerza física, todo nos hace repetir día a día, momento por momento, las palabras de la Carta Pastoral Colectiva: trabajaremos porque ese decreto y los artículos antirreligiosos de la Constitución sean reformados, y no cejaremos hasta verlo conseguido” (1967, p. 80).

Las negritas son nuestras.

Para Monseñor González, ni la Iglesia ni los fieles debían claudicar en la lucha, y mucho menos pactar con el régimen. Para él, lo mismo que para incontables católicos, y por supuesto para los cristeros, la opción de una componenda era impensable y equivalía no sólo a renunciar a los principios que tanto habían intentado defender, sino a una derrota categórica en todos los sentidos, inclusive el moral y el psicológico. ¿De qué serviría tanto sacrificio y derramamiento de sangre si, al acabar con la resistencia, el gobierno –que militar, legal y políticamente llevaba las de ganar– obtenía lo que quería?

Recordando lo que el Episcopado había suscrito en la Carta Pastoral Colectiva del 25 de julio de 1926, Monseñor José María dijo:

“Contando con el favor de Dios y con vuestra ayuda, trabajaremos para que ese decreto [la Ley Calles] y los artículos antirreligiosos de la Constitución sean reformados y no cejaremos hasta verlo conseguido. ¿Y creéis que íbamos a olvidar esas palabras y a tener hoy por aceptable lo que ayer tuvimos por indigno?” (1967, p. 79).

Referíase, claro, a las leyes inicuas, las cuales, en caso de llegar a un “acuerdo” con el régimen, no serían alteradas ni un ápice, y mucho menos anuladas.

Dos de sus compañeros en el Episcopado, no obstante, no compartían aquella idea ni por asomo. En efecto: se trataba de los dos prelados mencionados al principio de esta serie, los obispos Pascual Díaz y Barreto y Leopoldo Ruiz y Flores. Pero Monseñor González y Valencia no cejó en su posición. Resulta oportuno decir que su actuación no se limitó a la prensa y a los meros vocablos, sino que participó en numerosos eventos de solidaridad al pueblo católico perseguido, en las que aprovechaba para impulsar y fomentar apoyos, sobre todo materiales, para la Liga, cuya participación en la Cristiada fue fundamental en el ámbito bélico. Asimismo, exiliado como estaba en Europa, sin poder pisar su patria, impartió incontables conferencias al respecto durante los tres meses que pasó en Alemania. Así lo refirieron diversos números del diario vaticano L’Osservatore Romano.

Sin embargo, pese a la oposición de incontables católicos y de los tres obispos que estaban a favor de la resistencia armada por parte de aquéllos, las “negociaciones” entre el gobierno del presidente interino Emilio Portes Gil –sucesor de Álvaro Obregón luego de su asesinato en julio de 1928– y los dos eclesiásticos prosiguieron. A los cristeros no se les tomó en cuenta en ningún momento.

El 2 de junio de 1929, el general Enrique Gorostieta Velarde, jefe supremo de los cristeros, fue asesinado en las cercanías de Atotonilco el Alto, Jalisco. El militar neolonés se había opuesto terminantemente a la idea de un pacto pero, como al resto de sus hombres, fue ignorado. Entre tanto, Pascual Díaz y Leopoldo Ruiz continuaron parlamentando.

Por fin, el 21 de junio del mismo año, se efectuaron los “arreglos”. Los templos volverían a abrirse y podría haber Sacramentos en ellos otra vez. Los artículos antirreligiosos y anticlericales de la Constitución permanecerían como siempre. Y los cristeros tendrían que entregar las armas y aceptar el supuesto “licenciamiento”, aun a sabiendas de que el gobierno no respetaría sus vidas… como en efecto aconteció. Fue el modus moriendi para una muy significativa porción de los ex combatientes.

Otra de las condiciones para los “arreglos”, que Díaz y Ruiz acabaron por aceptar, fue que tres prelados se quedaran fuera del país por tiempo indefinido. Los nombres no sorprendieron a nadie: José Manríquez y Zárate, Francisco Orozco y Jiménez –V Arzobispo de Guadalajara, perseguido por el régimen desde hacía más de diez años, y que había atendido a sus fieles a salto de mata– y José María González Valencia. Al hallarse ya en el destierro, tanto el primero como el tercero no pudieron retornar a su patria. El segundo sí tuvo que irse.

Monseñor González y Valencia volvió a México un tiempo después, aunque no nos fue factible hallar la fecha exacta. Con todo, sí se sabe que estuvo presente en un banquete ofrecido a los prelados mexicanos al finalizar la Misa pontifical con que se celebró el Cuarto Centenario de las Apariciones de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, el 12 de diciembre de 1931. Cuando llegó su turno al mitrado de Durango para hacer su brindis, pidió oraciones para su compañero y amigo Manríquez y Zárate, cuya expatriación se prolongaría hasta 1944. El 24 de octubre de 1932, le dirigió incluso una carta abierta, en la que le decía:

“¿Qué será de nosotros? ¿Cuál será nuestro porvenir? ¿Veremos el triunfo de la Iglesia, por la que tanto hemos luchado, o bajaremos al sepulcro, sólo con la esperanza de mejores días? Nada de esto sabemos, ni aun podemos siquiera adivinarlo. Una sola cosa debemos tener por cierta, y es que, si somos fieles a nuestra vocación y proseguimos laborando intrépidamente por la fe, no sólo consumaremos felizmente nuestra carrera mortal, sino que aceleraremos para nuestra Patria el día venturoso de la verdadera Libertad” (1967, pp. 96-97).

Después de que estalló la Guerra Civil española en julio de 1936, Monseñor González Valencia fue el primero que externó pública y abiertamente su adhesión al Alzamiento Nacional capitaneado por el general Francisco Franco Bahamonde en contra de la II República, jacobina y masónica. En su Pastoral del Arzobispo de Durango (México) acerca de los actuales acontecimientos de España, fechada el 8 de septiembre del mismo año, el prelado abordó tanto el enfrentamiento en sí como las tentativas de descatolizar la nación hispana a través del comunismo ateo y del marxismo y la matanza de todos aquellos que no aceptaran ambas ideologías.

He aquí un breve extracto de las palabras de Monseñor:

“En Nuestro propio nombre y en el de Nuestros sacerdotes y fieles, queremos también manifestar nuestro afecto fraternal, honda simpatía, interés vivísimo y cordial a los Obispos españoles, Nuestros muy amados Hermanos, a sus sacerdotes y a sus fieles que están padeciendo tan crueles penas. Hoy más que nunca, en esta hora del martirio, Nos sentimos vinculados con ellos” (1967, p. 104).

A nuestro biografiado se unieron, más tarde, novecientos prelados de diversas latitudes, al reparar en el horroroso cariz anticatólico que tomó la revolución por parte de los republicanos y comunistas y a la tremebunda persecución religiosa, peor aún que la de México, desatada durante aquel trienio sangriento a lo largo y ancho de la Madre Patria.

El 28 de octubre de 1957, junto con su amigo José de Jesús Manríquez, Monseñor José María González celebró sus bodas de oro como presbítero. Le faltaba poco más de un año para partir a la Eternidad.

Aunque es un dato muy poco conocido, Monseñor José María González Valencia entregó su alma al Señor en la actual Capital de la Ciénega de Chapala, la ciudad de Sahuayo, Michoacán –cercana a su natal Cotija–, que aún llevaba el apellido del general y presidente Porfirio Díaz. Era el 27 de enero de 1959. Tenía setenta y cuatro años y cuatro meses de edad.

Cotija y Durango lo lloraron amargamente, por igual, pero también Zamora lamentó su muerte. Además de haber estudiado allí, dado clases y dirigido espiritualmente a los seminaristas, era un hombre muy querido por la gente. Cuantos lo conocieron y trataron lo estimaron enormemente por su carácter espontáneo y jovial, que sabía conjuntar la sencillez y naturalidad con la energía y la eficacia en el actuar, cualidades de las que dio pruebas mientras duró su carrera terrenal.

Un colegio en Victoria de Durango lleva su nombre.

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Bibliografía:

Barquín y Ruiz, A. (1967). José María González Valencia, Arzobispo de Durango. México: Jus.

Meyer, J. (1977). La Cristiada. Tomo I: La guerra de los cristeros. México: Siglo XXI Editores.