La primera vez que la Ciénega luchó por el catolicismo con las armas: antecedentes, desarrollo y desenlace del movimiento religionero (1873-1876)

Diversos historiadores señalan que existe un profundo vínculo entre el levantamiento cristero, que se suscitó en México entre 1926 y 1929, y entre el alzamiento de la Vendée, que tuvo lugar en la región homónima durante la Francia del Terror, entre 1793 y 1796. Ambas guerras se produjeron, en esencia, a raíz de una persecución religiosa sistemática, instaurada tanto social como legal y jurídicamente, en contra del catolicismo. Ambas enfrentaron a las huestes de los gobiernos entonces en vigor contra innumerables fieles católicos, en su mayoría campesinos o gente de pueblo. Ambas, como se puede intuir por los párrafos anteriores, tomaron carices tan graves que su duración, lejos de ser efímera, llegó a sumar tres años de lucha cruenta. Ambas, en suma, fueron movimientos de resistencia católica popular en contra de Estados liberales e, incluso, netamente jacobinos.

Pues bien: después de la guerra vandeana en Francia, pero antes de la Cristiada, durante la segunda mitad del siglo XIX, la nación mexicana fue escenario de otro conflicto bélico de prácticamente tres años –llama la atención la coincidencia de las cifras– originado por cuestiones religiosas y, como en los otros dos, por decretos anticlericales y aun antirreligiosos. Se trata de la llamada guerra religionera –en su momento veremos el porqué del nombre–, cuyos protagonistas y participantes fueron llamados “protocristeros” por Álvaro Ochoa, pionero en los estudios sobre este tema, durante la década de los ochenta de la centuria anterior (Íñiguez Mendoza, 2023, p. 1704).

Aunque afortunadamente ya existe una mayor cantidad de información acerca de este alzamiento, se trata de un evento que, a la fecha, ha sido poco estudiado e investigado. En el presente texto buscaremos abordarlo de forma breve –en tanto sea factible, y reparando en las similitudes y vínculos con la guerra Cristera– pero sustancial y, desde luego, contextualizar los sucesos en el territorio michoacano, máxime el de la Ciénega.

La génesis del alzamiento religionero se remonta, según Íñiguez Mendoza –que ha profundizado en la cuestión en una espléndida tesis doctoral–, al menos hasta la década de 1830, cuando, en un alzamiento que detonó en 1833, en Morelia, se lanzó por primera ocasión un lema que se volvería sumamente distintivo: “Religión y fueros” (2023, p. 1706). Para 1850, y tanto durante la guerra de Reforma y la Intervención Francesa, tales motines se fortalecieron y hallaron un terreno propicio para el estallido definitivo en 1875.

¿Pero a qué se debió esto último? El asunto ha hecho correr ríos de tinta, y un escrito como el que nos ocupa no posee ni la índole ni la extensión para tratarlo, así que procuraremos sintetizarlo para proporcionar una idea general. Ya desde 1833, a través de gestiones dirigidas por Valentín Gómez Farías, se pretendió privar a la Iglesia Católica de su influencia  en la sociedad y, tanto en las leyes como en la práctica, sojuzgarla al férreo control del Estado. Para ello, se trazaron los siguientes objetivos: despojarla de sus bienes y convertir éstos en propiedad gubernamental, secularizar o arrancar de las manos eclesiásticas la instrucción y la labor educativa emprendida desde hacía tres siglos, suprimir las órdenes religiosas y monásticas y, por último, controlar y nacionalizar al clero.

Los liberales y jacobinos, de la mano de la masonería, efectuaron largas y repetidas tentativas de implantar sus proyectos, pero éstas se toparon con la resistencia del pueblo y con numerosas protestas. No obstante, la situación no podía perpetuarse así indefinidamente. Tras el último mandato de Antonio López de Santa Anna, la revolución de Ayutla preparó el camino para la ansiada reforma, dispuesta en tres actos: las leyes preparatorias de una nueva Constitución, la promulgación de dicha Carta Magna el 5 de febrero de 1857 y las leyes posteriores a ella (Gutiérrez Casillas, 1984, p. 297).

La guerra de Reforma puso de manifiesto el odio de la facción dominante, los liberales, al clero católico y al mismo catolicismo. Prueba de ello reside en que, de 1855 a 1867, fueron asesinados trece sacerdotes –y estos sólo de quienes se conserva el nombre o dónde ejercían su ministerio–: Juan N. Ávalos; el párroco de Burras, Guanajuato; Francisco Flores Saucedo, Práxedes García, Francisco García Ortega, Gabino Gutiérrez, Mariano Mejía, fray Juan Narváez, Félix Ojeda, Bernabé Pérez, Manuel Villaseñor; el vicario de Aguascalientes; y el señor cura de Romita, Guanajuato. Dos de estos homicidios fueron perpetrados por dos famosos generales: Ramón Corona y Jesús González Ortega. A lo anterior hay que añadir saqueos y demoliciones de templos, conventos derribados para abrir calles a través de ellos –el del Carmen, en Guadalajara, por ejemplo–, confiscaciones de seminarios y robos dentro de las iglesias.

Por fin, al caer el Imperio de Maximiliano y al triunfo de los radicales en 1867, se instauró la llamada República Restaurada. De nada sirvió que, según señala Íñiguez Mendoza, entre ese año y el deceso de Juárez en 1872, “las tensiones entre Iglesia, Estado y población vivieron una especie de interludio” (2023, p. 1708). Al presidente de sangre zapoteca le llovieron críticas de sus compañeros y afines más extremistas.

Al fallecer el oaxaqueño, ascendió al poder Sebastián Lerdo de Tejada. Tanto Michoacán como el resto de México se vieron envueltos en una renovada ola de persecución religiosa, sin precedente alguno. A partir de 1873, se tomaron diversas medidas a este respecto: enésima expulsión de los jesuitas, a título personal, no como congregación religiosa; arresto de numerosos sacerdotes extranjeros y exilio de muchos de ellos, entre otros. Asimismo, la capital de la Nación fue testigo de un inusitado operativo policial: casi cuatrocientas cincuenta religiosas –o exreligiosas según las legislaciones vigentes– de distintas órdenes fueron sacadas a la calle durante la noche del 20 de mayo de aquel año. Apenas unos días antes, el 13, un decreto prohibió toda manifestación religiosa realizada fuera de los templos. Se llegó, inclusive, a vedar el tañido de las campanas de los templos. La indignación de los mexicanos fue apabullante.

El clímax llegó cuando las leyes de Reforma se añadieron a la Carta Magna. Tal acción, propugnada por el mismo Lerdo de Tejada en septiembre de 1874, se oficializó el 14 de diciembre posterior. Se trató de la Ley de Adiciones y Reformas a la Constitución de 1857, mejor conocida como “Ley Orgánica”. Finalmente, también en ese mes, se decretó la extinción de la orden de las Hermanas de la Caridad, quienes gozaban de formidable popularidad por sus actividades hospitalarias y educativas. El repudio de la sociedad fue enorme. Incluso un liberal puro como Ciro B. Ceballos, contrario a lo que podría pensarse, admitiría el dolor que tal medida había causado en gran parte de la sociedad.

Los fieles católicos, sintiéndose cada vez más agraviados, criticaron las medidas tomadas en la prensa y solicitaron permiso para seguir mostrando su fe públicamente. Todo fue infructuoso. Los ánimos se fueron caldeando cada vez más, al punto de que varios alcaldes de sendos municipios michoacanos requirieron el envío de fuerzas armadas para refrenar a los pobladores.

La violencia sólo generó más violencia, como cabía suponer. En noviembre de 1873, en tres poblaciones del Estado de México, Zinacantepec, Temascaltepec y Tejupilco, y el pueblo jalisciense de Ahualulco en marzo de 1874, se produjeron revueltas sangrientas en medio de una confusa mezcla de elementos políticos y religiosos, y una vehemente mezcla de antiprotestantismo y antiliberalismo, cuyos resultados fueron los asesinatos de funcionarios municipales en el primer caso, y de un pastor protestante en el segundo, por multitudes exaltadas.

Para noviembre de 1873, la violencia no pudo contenerse más. El primer alzamiento fue en San Miguel Zinacantepec, en donde el ayuntamiento había sido destituido por negarse a rendir la protesta obligatoria de la Ley Orgánica. Los nuevos funcionarios fueron ultimados al grito de “¡Mueran los protestantes!”, bajo el cargo de maltratar a dos indígenas ebrios. A su vez, los indios irrumpieron en Tejupilco, distrito de Temascaltepec, añadiendo a la proclama citada, al inicio, “¡Viva la religión!” En ambos casos se procedió al fusilamiento sumario de incontables indígenas. En las versiones oficiales se culpó a dos sacerdotes de azuzar a los indios en contra de las autoridades y de los vecinos de sectas protestantes, por lo que fueron detenidos y procesados.

De cualquier forma, los acontecimientos descritos no fueron más que el preludio de la guerra religionera propiamente dicha. Los auténticos comienzos de ésta se suscitaron, justamente, en el noroeste michoacano, en Zamora. La noche del 12 de diciembre de 1873, al mismo clamor de “¡Viva la religión y mueran los protestantes!”, algunos zamoranos dirigieron improperios contra las autoridades, lanzaron disparos y quisieron forzar las puertas de las casas de aquéllas.

La segunda localidad de Michoacán que se sumó al conflicto fue Sahuayo, donde aquél dio principio, formalmente, el 23 de enero de 1874, cuando Sabás Osio tomó posesión como presidente municipal, Jesús Macías y Tomás Ibarra como regidores y Manuel Zepeda como receptor interino. Aquel grupo había determinado reemplazar al anterior que, a semejanza de los munícipes de otros sitios, se oponía tajantemente a la Ley Orgánica.

El arribo de los sahuayenses enfurecidos fue presto, más que el incendio de un cañaveral seco. Todos gritaban la consigna consabida. Osio trató de utilizar la fuerza en contra de la multitud. La reyerta, como en agosto de 1926, se trabó en serio. Alejo Gálvez quedó agonizante, el pueblo de Sahuayo convertido en una fiera… y los recién electos munícipes, para sorpresa de ninguno, se volvieron invisibles. La oportuna intervención del obispo de Zamora, José Antonio de la Peña, contribuyó a apagar lo que podría haber sido una insurrección masiva.

La mayoría de los sahuayses acató la disposición episcopal de mantener la paz, no así, empero, media centena de ellos. El 15 de febrero de 1874, encabezados por Florencio Gálvez, los cincuenta hombres de la futura Capital de la Ciénega se lanzaron a la lucha armada. La jornada posterior, entraron en la hacienda de La Palma y mataron al encargado del orden (González y González, 1979, p. 114). Su grito de guerra, así como el “Dieu et Roi!” de la Vendée y el “¡Viva Cristo Rey!” de la Cristiada, fue en esencia “¡Viva la religión!”, de allí que los alzados –como los de otros lugares de México– fueran conocidos como “religioneros”, así como sus descendientes del siglo XX, comandados por el general Ignacio de Jesús Sánchez Ramírez –entre otros– serían llamados “cristeros”.

El movimiento religionero alcanzó proporciones y fuerza considerables en Sahuayo, así como pasaría también en la Cristera. La derrota de Gálvez en La Calzonuda no ayudó a la extinción del foco rebelde, tal vez porque los vecinos ocultaron a los religioneros sahuayenses, cuyo jefe ganó aún más simpatía gracias a la conducta de Osio, que multó a fray Miguel del Castillo, entonces párroco de Sahuayo, por llevar el Santísimo Sacramento en la vía pública. La denuncia de agitador que se le efectuó ante los poderes estatales no tuvo aplicación, como tampoco la averiguación encomendada al juez de Jiquilpan, porque el fraile huyó de Sahuayo.

Mientras tanto, el contingente religionero creció en el occidente de Michoacán. La gente los llamaba así, o “relingos”. Luis González y González (1979) especifica que el clero, ciertamente, no los empujó a la lucha (p. 115) Las jurisdicciones de Sahuayo y Jiquilpan albergaron nutridos grupos religioneros. Entre los líderes más destacados, originarios de esa región, se encontraron el ya mencionado Florencio Gálvez, Francisco Gutiérrez –alias “El Nopal”–, Félix Vargas, Ignacio Ochoa y el jiquilpense Eulogio Cárdenas –tío abuelo del futuro general y presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, también originario de la localidad vecina de Sahuayo–. Ya en el contexto del resto del Estado, sonaban los nombres de Socorro Reyes, Abraham Castañeda, Casimiro Alonso, Antonio Resa –o Reza, dependiendo de la fuente– y Juan de Dios Rodríguez. Cabe mencionar que muchos de ellos, y otros más, ya poseían cierta experiencia bélica, adquirida durante la Intervención o durante los combates contra Juárez entre 1870 y 1871. Ahora bien, de acuerdo con González (1979), Gutiérrez tal vez no deba ser considerado relingo (p. 115), ya que tanto él como su hueste de prófugos de la cárcel jiquilpense se dedicó a robar y asesinar, sembrando el terror, al grado de que pereció a manos de Ochoa, comprometido en verdad con la causa religiosa.

En cuanto a motivaciones ideológicas, de acuerdo con Íñiguez Mendoza (2023), en Michoacán era patente la diferenciación de esta sublevación como un desafío popular a la nueva legislación de mayo y septiembre de 1873, a la que ya aludimos, la que exigía una nueva protesta constitucional (p. 1717). Era a estos “protestantes” a quienes se combatía, y no a los creyentes no católicos, como había ocurrido en Ahualulco. Prueba de ello reside en que, cuando Socorro Reyes irrumpió en Quiroga, cerca de Uruapan, con menos de veinte hombres –un total de dieciocho–, clamaba, de modo más matizado y concreto: “¡Viva la religión, mueran los empleados!”, esto es, quienes trabajaban para el Gobierno. Ellos eran, verdaderamente, contra quienes se concentraba la animadversión de la gente, pues se les conceptualizaba como satélites del jaconibismo, abanderados y ejecutores del anticlericalismo y el aborrecimiento que los poderosos profesaban a la Iglesia, a los miembros de su jerarquía y a las prácticas religiosas católicas. Muy pronto, los mueras a los protestantes fueron reemplazados por otros al mal gobierno.

Para marzo de 1875, la guerra religiosa dejaba en varios puntos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, poblaciones en llamas, por allá muertos, ranchos y haciendas paralizadas, mientras que los peones, “por no morir de miseria, van a engrosar las filas de los rebeldes” (Ochoa, 1993, p. 155). En abril del mismo año, el encargado militar de Michoacán y secretario de guerra reprendió vía telegráfica al general Nicolás de Régules –el mismo que daría su apellido a la localidad de Cojumatlán, cercana a Sahuayo–.

Los levantamientos religioneros, al inicio aislados, se fortalecieron y pasaron de ser guerrillas a un movimiento más en forma que mantuvo en continua tensión al gobierno. Entre el ocaso de 1875 y los albores de 1876, la asonada había probado ser lo suficientemente peligrosa para motivar al gobierno de Lerdo de Tejada a enviar uno de los generales republicanos más célebres de la época, Mariano Escobedo, a combatir a los insurrectos. Íñiguez expone que “la estrategia básica de Escobedo fue hacer participar a los habitantes de los lugares asolados por los religioneros en su propia defensa” (2023, p. 1726), así como a colaborar con el régimen. A dichos pobladores no les quedó más remedio que participar en el procedimiento, ya fuera que apoyaran a los religioneros o no. Sin embargo, de acuerdo con González (1979), “la consecuencia fue la humillación del ilustre divisionario, que no puedo hacer nada contra las guerrillas sin plan, sin persistencia, sin orden y sin armas” (p. 116).

Pero aquella coyuntura no podía prolongarse indefinidamente. Durante el transcurso de 1876, los grupos en pie de lucha sufrieron estragos y comenzaron a disolverse, y muchos cabecillas fueron pasados por las armas. Para colofón, las gavillas no conseguían conservar las ciudades o villas que se hallaban en su poder, ni existía entre ellos un proyecto formal de nación o gobierno, con miras de reemplazar a los liberales. Y la jerarquía eclesiástica, a la que se habían lanzado a defender, no los respaldaba, sino que instaba a los fieles a una resistencia pasiva, más de carácter espiritual –otra similitud con la Cristiada del 26 al 29 del siglo XX–, que se transformaría en el modus operandi de los prelados y del clero católico mexicano en general durante el Porfiriato e incluso ya durante la persecución de las décadas de 1910 y 1920. Ni siquiera valió, para lo contrario, el hecho de que en el obispado de José Antonio de la Peña se localizara uno de los epicentros del pronunciamiento.

Eventualmente, los religioneros perdieron el apoyo de la prensa católica, tanto a nivel estatal como nacional. Para finales de 1876, con muchos de sus jefes muertos o prisioneros e incontables desertores, la decadencia de la lucha era ineludible. Pronto habría de extinguirse para abrir paso a la revuelta de Tuxtepec, encabezada por el general Porfirio Díaz Mori. Algunos jefes religioneros, más sagaces u oportunistas, se adhirieron al oficial. A partir de julio de 1876, las adhesiones fueron patentes. Ya para enero de 1877, Eulogio Cárdenas llevó a cabo su entrada triunfal a Cotija, en tanto que Ignacio Ochoa andaba por Zamora haciendo gala del triunfo porfirista. Antonio Reza y Francisco Gutiérrez se incorporaron a las filas de don Porfirio. Incluso la prensa católica, tanto moreliana como nacional, celebró la unión de facciones tan opuestas, con la esperanza de que, al ganar Díaz el poder, aunque mediante un golpe de Estado, permitiría la democracia y –¿por qué no?– una modificación de la actitud del gobierno hacia la Iglesia.

Cuando el plan del oaxaqueño opositor, primero de Juárez y después de Lerdo, triunfó avasalladoramente y le abrió paso a la presidencia, la guerra religionera se apagó por completo. El movimiento ya no tenía razón de ser, puesto que Díaz, a pesar de ser liberal y masón –como la mayor parte de los políticos–, emprendió una ya conocida estrategia de conciliación con la Iglesia que, a la postre y a pesar de la oposición de los liberales más radicales y los jacobinos, se mantendría a lo largo de sus tres décadas de gobierno. La jerarquía eclesial, por su parte, instaría al pueblo a abandonar cualquier postura combativa y a abocarse únicamente al crecimiento de la espiritualidad personal, la recepción de Sacramentos, la participación en asociaciones piadosas y las devociones en el seno de la familia. En dicho ámbito, las aguas volverían a agitarse hasta los tiempos de la Revolución, específicamente tras la caída y asesinato de Francisco I. Madero en febrero de 1913.

Pero esa, como suele decirse, ya es otra historia.

Lic. Helena Judith López Alcaraz.

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Bibliografía

González y González, L. (1979). Sahuayo. México: El Colegio de México.

Gutiérrez Casillas, J. (1984). Historia de la Iglesia Católica en México. México: Porrúa.

Íñiguez Mendoza, Ulises. (2023). Los religioneros contra la República Restaurada: “¡Viva la religión y mueran los protestantes!”. Historia mexicana, 72(4), 1703-1736. Epub. 08 de mayo de 2023.https://doi.org/10.24201/hm.v72i4.4622

Meyer, J. (1973) La Cristiada. Tomo I: La guerra de los cristeros. México: Siglo XXI Editores.

Ochoa Serrano, A. (1993). Tres corridos cristeros del noroeste michoacano. Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad. 153-165. https://colmich.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1016/57/1/OchoaAlvaro1993.pdf